El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia en los tribunales.
Es que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó al Gobierno nacional y a representantes del sistema universitario a una audiencia para intentar acercar posiciones y avanzar en una salida a la disputa por la aplicación de la Ley 27.795.
La reunión fue impulsada a partir de un pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desarrollará con la participación del Ejecutivo y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Aunque el CIN había planteado reparos frente a la convocatoria y reclamado que se avance directamente con el cumplimiento de la medida cautelar vigente, finalmente confirmó que concurrirá.
El encuentro llega en un momento de fuerte tensión entre las universidades y la Casa Rosada, en la que los gremios docentes y no docentes mantienen una medida de fuerza nacional que se extiende hasta este sábado, con el reclamo puesto en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en la recomposición salarial.
Qué se discute
Uno de los puntos centrales será el cumplimiento de la cautelar que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema y que obliga al Estado nacional a avanzar con disposiciones vinculadas con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
La UBA también planteó la necesidad de discutir otros componentes del financiamiento, entre ellos los recursos destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y tecnología.
La disputa tiene como eje la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, que estableció mecanismos de recomposición del financiamiento universitario. Frente a la falta de aplicación de distintos puntos de la norma, las universidades recurrieron a la Justicia y el conflicto derivó en distintas presentaciones y medidas cautelares.
Una audiencia en plena escalada del conflicto
La convocatoria judicial se produce mientras continúa el enfrentamiento por el presupuesto universitario y se multiplican las medidas de fuerza. Para el sistema universitario, la audiencia representa una oportunidad para plantear ante el juez el cumplimiento de las decisiones judiciales y avanzar sobre los fondos que consideran necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Del otro lado, el Gobierno sostiene su propia posición respecto del alcance de las obligaciones presupuestarias y de las medidas adoptadas para atender los reclamos.
Así, la audiencia de este viernes se presenta como una instancia de diálogo judicial en una disputa que todavía está lejos de resolverse.