COMUNICADO DE FOPEA – El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia el allanamiento dispuesto por la Justicia tucumana en las oficinas y estudios del multimedios Enterate y advierte que la medida vulnera garantías constitucionales que amparan el trabajo periodístico, a la vez que supone un claro acto intimidatorio.
La irrupción de la policía provincial se dio en cumplimiento de una orden del juez Bernardo L’Erario Babot, en el marco de una causa penal de índole privada. La orden mencionaba como destino la oficina de una abogada del foro local. Al arribar, en recepción se les informó que en ese piso no funcionaba dicha oficina, sino que allí se encontraba el multimedios. Sin embargo, los funcionarios ingresaron igualmente a las instalaciones del medio de comunicación, procedieron a labrar un acta y exigieron a todos los periodistas presentes que se identificaran exhibiendo sus documentos de identidad, quedando sus datos personales registrados en el marco de una causa penal. Esta situación obligó a varios trabajadores de prensa a interrumpir transmisiones en vivo para cumplir con la orden de identificación, afectando el normal desarrollo de la labor periodística.
Los agentes policiales y oficiales de Justicia estuvieron más de una hora dentro del medio de comunicación, pese a que la orden judicial no lo estipulaba.
FOPEA advierte que el procedimiento pone en riesgo las garantías de la libertad de prensa y del secreto de las fuentes de información, reconocidas por los artículos 14 y 43 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que Argentina adhirió. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) textualmente señala: «…La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión…».
Cualquier procedimiento judicial en medios de comunicación, más aún cuando alcanza a los periodistas que allí trabajan, debe ser regido por las garantías constitucionales antes mencionadas, que restringen severamente las facultades instructorias del juez interviniente. En este caso nada de eso se respetó, configurando un grave avasallamiento de la Justicia.