La trama que compone la investigación de las usurpaciones en El Mollar presentó nuevas complicaciones en su intento por resolverse. Ayer las partes tenían listo un acuerdo de juicio abreviado con el que se produciría la primera condena del proceso pero, por un cambio de último momento, el imputado Marcos Luciano Bolla (37 años) rechazó el convenio y reemplazó a su abogado defensor.
En el marco de la investigación por la toma y venta ilegal de tierras pertenecientes al Superior Gobierno de la Provincia, Bolla -el propietario de un inmueble construido en el “Loteo Gaucho Castro”-, fue imputado junto a dos albañiles el pasado 4 de enero por los delitos de usurpación y de desobediencia judicial, por haber incumplido la orden de la magistrada María Felicitas Masaguer de no realizar ningún tipo de modificación en el ámbito de la reserva para preservar el medio ambiente.
Con el paso de los días, los investigadores profundizaron las pericias y el expediente comenzó a sumar nombres de varias personas que estarían involucradas en la comercialización ilegal de terrenos fiscales, entre los cuales se encuentran mencionados funcionarios públicos de la comuna de El Mollar y de la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat.
Acuerdo fallido
Con el fin de descomprimir el legajo, la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, que dirige Mónica García de Targa, junto con los querellantes José Maria Molina y Horacio Geria, en representación de la Fiscalía de Estado, habían acordado junto con el imputado y su abogado defensor Carlos Correa un convenio de juicio abreviado, con el cual Bolla se convertiría en el primer condenado de la causa.
El mismo planteaba que Bolla, tras admitir su responsabilidad penal en la acusación realizada por el MPF, sería condenado a un año de prisión de ejecución condicional por los delitos de usurpación y desobediencia judicial. También tendría que cumplir una serie de reglas de conducta, dentro de las cuales se le ordenaba restituir la propiedad en el estado original en que se encontraba, sacar su casilla, desarmar el contrapiso, y dejar el terreno nivelado, todo ello en el plazo de 15 días.
Estaba pactado que el acuerdo fuera homologado por un juez el día de ayer, pero apenas se dio inicio a la audiencia, el imputado comunicó que quería dar marcha atrás su decisión. Además informó que revocaría a Correa de su defensa técnica y pasaría a ser representado por la abogada Cinthia Brito, perteneciente a la defensoría oficial.
A raíz de esto, y al no haber planteos por parte de los querellantes ni del auxiliar de fiscal César Larry, el magistrado Marcos Núñez Campero resolvió anular la audiencia, por lo que Bolla continuará sujeto al proceso bajo prisión preventiva.
Antecedentes
Bolla tuvo intentos previos de atenuar su situación procesal. El 8 de enero, sus defensor anterior, Oscar Amado, impugnó la resolución de la primera audiencia en la cual se formalizó la investigación y se formularon cargos en su contra. En esa oportunidad, el juez Paul Hofer rechazó el planteo de Amado, pero sí hizo lugar al recurso presentado por el abogado Carlos Pais y falló a favor de los dos albañiles que también habían sido acusados.
El pasado 18 de enero, Correa solicitó el cese de prisión preventiva que venía sufriendo Bolla y propuso que quedara sujeto al proceso bajo la modalidad de arresto domiciliario. Al fundamentar su pedido informó que su pupilo era un paciente bariátrico por lo que necesita ciertos cuidados en su alimentación para no sufrir descompensaciones. Sin embargo, el planteo fue rechazado por el juez Matías Graña.
Fuente: La Gaceta