La situación procesal del ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, dio un giro este lunes y se complicó aún más. La fiscal Mónica García de Targa anunció la ampliación de la investigación en su contra, ahora con cargos más graves: lo acusa de intimidación pública, encubrimiento agravado y incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de una causa que involucra también al empresario Roque “Chipi” Giménez.
La funcionaria judicial sostuvo que Campos habría actuado en complicidad con Giménez, grabando una conversación en septiembre de 2024 con el objetivo de sembrar desorden e inestabilidad institucional en el municipio. La grabación —filtrada en redes sociales como TikTok, Facebook y WhatsApp— hacía referencia a presuntos vínculos entre funcionarios locales y el narcotráfico, y terminó por detonar la intervención del municipio por parte del Poder Ejecutivo el pasado 9 de junio de 2025.
Todo comenzó cuando se viralizó un audio comprometedor en el que Campos y Giménez mantenían una charla que involucraba referencias al manejo de la policía, la venta de drogas y el control sobre la vida de los habitantes del municipio. Esa difusión generó la apertura de dos expedientes judiciales: uno en el fuero federal, encabezado por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, y otro en el fuero ordinario, a cargo de García de Targa.
La justicia federal investiga a Campos, su pareja —la legisladora Sandra Figueroa—, al ex secretario de Hacienda José Roldán y al propio Giménez, por asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico.
Paralelamente, en el ámbito provincial, Giménez fue acusado por atentar contra la paz social y cumple prisión preventiva de seis meses en el penal de Benjamín Paz. Hasta hace poco, Campos solo enfrentaba acusaciones por no haber denunciado hechos delictivos. Pero con el análisis del contexto de la grabación, la fiscal entendió que el ex intendente no era un actor pasivo.
Según el nuevo dictamen de la Fiscalía, Campos compartía intereses con Giménez y conocía los hechos ilícitos que se mencionaban. Además de la intimidación pública, se lo investigará por encubrimiento agravado, al no haber denunciado delitos de los que estaba al tanto, pese a tener la obligación legal como funcionario público.
García de Targa ya notificó la ampliación de la causa y se espera que en los próximos días solicite una audiencia formal para formular cargos ante un juez. Fuentes judiciales no descartan que también se pida la prisión preventiva, bajo el mismo criterio aplicado contra Giménez: riesgo de entorpecimiento de la investigación por posibles amenazas a testigos o manipulación de pruebas. Campos, recordemos, fue intendente durante más de 20 años, lo que le habría otorgado poder real sobre estructuras locales aún vigentes.
En paralelo, los abogados defensores Florencia Abdala y Camilo Atim evitaron hacer declaraciones públicas hasta que avance el proceso. Por ahora, el caso se encamina a convertirse en una de las investigaciones judiciales más sensibles del sur tucumano en los últimos años, con conexiones que podrían escalar incluso más allá del municipio intervenido.
Fuente: Contexto