El Consorcio Público Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) mantiene una deuda de casi $ 1.900 millones con la empresa Moviser SRL, la firma que tiene a su cargo la mayoría de las operaciones en la planta de separación y clasificación de la basura en San Felipe y en el predio de disposición final de Overo Pozo.
En una nota a la que accedió este diario, enviada el 7 de enero a la presidenta del Girsu, Eugencia Andrade, la concesionaria advierte que la prestación del servicio podría verse disminuida si no se cumple con el pago. En el texto, el socio gerente de la empresa, Máximo Ignacio Jimenez Montilla, pone en conocimiento que hasta la fecha sólo se cubrieron pagos a cuenta de los servicios prestados en noviembre y diciembre de 2024, quedando facturas vencidas e impagas que acumulan un saldo de $1.310 millones. Además, advierte que se acercan los vencimientos de próximos recibos, por lo que la deuda -que se acumula desde 2023- continuará incrementándose hasta llegar a $ 1.900 millones..
Según la empresa, la circunstancia conduce inevitablemente a considerar medidas de urgencia para el futuro próximo. “Estos incumplimientos en los pagos no hacen otra cosa que empujarnos hacia una situación a la que ninguno quiere llegar, que es la de disminución de los servicios, dado que cada día que pasa nos resulta más difícil continuar prestándolos sin recibir el pago correspondiente de su parte”, demanda el escrito al Consorcio Público Metropolitano.
Por su parte, se insiste en que no es propósito de la firma llegar a instancias graves que afecten a la normal concesión del servicio, pero remarca que Moviser SRL se hace cargo de la mayoría de los servicios que se realizan en la planta de separación y clasificación de San Felipe y en el sitio de disposición final. “No es la intención presionar el pago con una eventual disminución del servicio, pero lo cierto es que con el pago parcial efectuado a cuenta de los servicios brindados y facturados hemos realizado un esfuerzo para poder cancelar los sueldos de los operarios del servicio, como así también del personal administrativo de la empresa, para evitar tener que disminuir el servicio y sufrir retenciones de tareas de parte del personal, como ocurrió en innumerables oportunidades”, señala la nota.
Otro punto que reclama la empresa yerbabuenense es el pago fuera de término que -asegura- se repite incluso desde gestiones anteriores. Esto afecta al normal desenvolvimiento de las tareas diarias y condiciona a la eficiencia del servicio. De esta manera, la firma reitera: “no podemos seguir sosteniendo esta situación por mucho tiempo, por lo que la falta de pago nos conllevará en lo inmediato a no poder hacer frente a nuestras obligaciones, lo que se traducirá indefectiblemente en la disminución del servicio”. “En efecto, y en el entendimiento de que la prestación de un buen, oportuno y responsable servicio de gestión de residuos es obligación y responsabilidad tanto nuestra como de ustedes, es que les solicitamos que de manera urgente arbitren los medios que resulten necesarios a los fines de poder regularizar los conceptos adeudados”, concluye.
El Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) se encarga de la transferencia, el transporte y la disposición final de los residuos. Está integrado por Alderetes, Banca del Río Salí, San Miguel de Tucumán, Las Talitas, Tafí Viejo, Yerba Buena y algunas comunas y empresas particulares que contratan sus servicios. Así, sus trabajadores se hacen cargo de las miles de toneladas de basura que se trasladan a diario desde cada sitio hacia San Felipe, y de allí a Overo Pozo. Se calcula que todos los días ingresan a la planta entre 70 y 90 camiones colmados.
El sitio de disposición final acumula 3,5 millones de toneladas de basura; una de sus celdas alcanzó los 27 metros de altura y otra nueva fue inaugurada recientemente. En este escenario, la empresa Moviser SRL elaboró una propuesta que podría alivianar el impacto ambiental de los residuos convirtiendo toneladas de ellos en polvo, que a la vez servirían para la fabricación de ladrillos.
El programa “Procesadora de Residuos San Felipe” promete cambiar el manejo de residuos en el área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán y de la región. Para ello, la constructora planea invertir un monto inicial de 15 millones de dólares. En un primer momento, el plan intenta trabajar sobre 300 toneladas de RSU y transformarlas en polvo; en un futuro, se contempla alcanzar las 1.200 toneladas diarias.
Moviser SRL indica que la propuesta para los residuos procesados dentro de la planta de San Felipe es de U$S 50 por tonelada por todo concepto (sin costos adicionales para el Consorcio), partiendo de que -hasta diciembre de 2024- el precio de la tonelada desde San Felipe al sitio de disposición final era de U$S 42,15. El proyecto abarca el diseño, la fabricación, el traslado, el montaje y la puesta en marcha de la planta.
El futuro de la recolección de residuos
En diciembre, el Concejo Deliberante de la Capital extendió la declaración de emergencia ambiental por cinco años más, e incluyó en esa prórroga la extensión del contrato entre el municipio y la empresa 9 de Julio por el mismo período. El acuerdo inicial vence el mes próximo y la intención era que el servicio de recolección de residuos fuera licitado, pero los ediles no lograron dar dictamen favorable y tratar el pliego enviado por la Intendencia en abril. Antes de la sesión en la que se abordó el asunto, directivos de la 9 de Julio enviaron una nota al Concejo pidiendo esa prórroga del contrato, aduciendo que habían tomado compromisos crediticios y realizado inversiones.
Fuente: La Gaceta