El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, se manifestó hoy en contra de modificar el número de integrantes de la Corte Suprema al argumentar que la Argentina «padece baja institucionalidad» y la ciudadanía no «confía» en la Justicia.
«Yo veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de miembros de la Corte Suprema y a la vez estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho respecto al género y respecto también a la perspectiva federal», inició Gil Lavedra en su exposición de la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que este miércoles retomó la discusión por la ampliación de la Corte.
Para Gil Lavedra, «la Argentina padece de una muy baja institucionalidad y respecto de la justicia. Esto tiene otro factor importantísimo que es la crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia».
«Todas las mediciones internacionales que miden la confianza de los argentinos en la Justicia es menor que en los otros países de la región. Los relevamientos, todos los relevamientos que se han hecho, por citar los últimos, los del año pasado de la Universidad de Di Tella junto con Fores, da que el 80% de los encuestados no tiene confianza en la Justicia. La encuesta de Cultura Constitucional que hace la Asociación Argentina de Derecho Constitucional con Poliarquía, el 75% piensa que los jueces no son independientes», dijo.
En esa línea, consideró que el contexto es, «sin duda, gravísimo porque la legitimación de los jueces se parte de su credibilidad, no es legítima el voto popular, sino de que la gente crea que resuelven sus casos de manera objetiva e imparcial». «Y la verdad, en la Argentina, en este aspecto, las idas y vueltas han sido muchísimas», siguió.
«Tengan en cuenta ustedes que, desde 1862 hasta 1960, teníamos los cinco jueces. Después, en 1960, aumentado a siete. Vuelta a cinco, en 1966. Hasta 1990 que se aumentó a nueve. Y vuelta a cinco en el 2006. Los cambios, fruto de nuestra historia, de esa terrible promiscuidad que tuvimos en el siglo pasado entre las dictaduras militares y los gobiernos civiles», ejemplificó.
«Bueno, se darán cuenta que es muy difícil dar estabilidad institucional de esta manera. Y yo sospecho que si en la discusión se abre la suspicacia de que la modificación de los miembros de la Corte responde a intereses políticos, esto va a deteriorar más la confianza de la gente. Esto es evidente. Lo que primero tenemos que hacer es tratar de estabilizar la institución», enfatizó Gil Lavedra.
La ampliación del tribunal y la perspectiva de género
Según Gil Lavedra, lo referido a la perspectiva de género «está muy bien fundado» en todos los proyectos y resaltó: «Desde el Colegio Público hemos hecho enfáticamente el reclamo. Es inadmisible que tengamos un tribunal superior compuesto solo por hombres. Es inadmisible con lo que requiere la Constitución y lo que ocurre en todos los países del mundo occidental».
En el final, al igual que Andrés Gil Domínguez, pidió a la dirigencia política acordar: «Yo sé que no es fácil conseguir dos tercios de votos, es difícil, ahora yo los invito a reflexionar de que generalmente se piensa el consenso de reparto, de loteos, llego a acuerdos ‘vos tenés tanto, yo tanto’. Esto es común en la política. Por ese camino, si la Corte tuviera 20 o 25 miembros sería facilísimo porque cada uno tendría sus jueces».
«Lo que hay que tratar de bregar es por un consenso por la no objeción, que cuanto más intachable sean los candidatas/os más fácil es conseguir los acuerdos. También sé que la tentación que tiene la política, esto es muy humano, con ‘el juez que puede ser afín’. Con mi experiencia, lo más beneficioso para todos, y también para la política, es que podamos tener una Corte Suprema independiente. Es la mejor garantía para todos», concluyó Gil Lavedra.