El juez del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) Jorge Gorini defendió la sentencia contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la «Causa Vialidad», afirmó que el juicio respetó «absolutamente» el debido proceso y sostuvo que el planteo presentado ante organismos internacionales para revertir su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos presenta «serios defectos de procedencia y admisibilidad».
Gorini, uno de los jueces que intervino en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, consideró además que el caso Vialidad constituye «un punto de inflexión importante» dentro del Poder Judicial y uno de los hechos de corrupción «más importantes de los que la historia judicial argentina tenga registro».
En una entrevista con Clarín, el magistrado rechazó que Cristina Kirchner se encuentre «proscripta» y sostuvo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una consecuencia prevista por la ley ante la comisión de un delito comprobado.
«No es proscripción», afirmó Gorini, quien explicó que la inhabilitación especial perpetua está contemplada en el Código Penal y recordó que esa figura existe desde la redacción original de 1921, mientras que una reforma de 2002 modificó otros aspectos de la normativa.
Sobre el reclamo de la exmandataria ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el juez sostuvo que cualquier cuestionamiento a la constitucionalidad de la inhabilitación debió haber sido planteado previamente dentro del expediente y ante los tribunales superiores argentinos, algo que, según afirmó, «nunca se planteó».
Gorini aclaró que no se animaba a afirmar que el planteo internacional no pueda prosperar, pero advirtió que presenta «serios defectos de procedencia y admisibilidad».
El magistrado señaló que, a su entender, la única alternativa jurídica para modificar el régimen de inhabilitación sería que el Congreso sancionara una ley que derogara esa pena y luego se promoviera una revisión de la sentencia en función de una eventual ley penal más benigna.
También rechazó la acusación de Cristina Kirchner acerca de que su condena estuvo vinculada con su condición de mujer y el denominado «machismo estructural». Consideró «absolutamente falso» que el género haya incidido en la decisión y destacó que dos abogadas mujeres designadas por el Colegio Público de la Abogacía supervisaron la totalidad de las audiencias del juicio.
En cuanto a las garantías constitucionales, Gorini sostuvo que el debate respetó «absolutamente» el debido proceso y recordó que, a pedido de la defensa de Julio De Vido, se designaron veedores del Colegio Público de la Abogacía que asistieron a todas las audiencias y no formularon observaciones sobre el desarrollo del juicio.
Explicó que el debido proceso comprende cuatro etapas indispensables: «acusación, prueba, defensa y sentencia», y remarcó que el debate fue sometido posteriormente a las instancias de revisión previstas por la legislación, incluida la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.
El juez cuestionó además las críticas de quienes sostienen que durante el juicio se vulneraron garantías constitucionales y señaló que, en muchos casos, quienes realizan esas acusaciones «no son personas que hayan presenciado el debate» ni probablemente hayan leído el expediente.
Respecto de la condena, Gorini sostuvo que la magnitud de la maniobra acreditada «excede el límite de los seis años» de prisión previsto para el delito de administración fraudulenta contra el Estado y consideró que esa pena «suena insuficiente en términos de correspondencia de delito y reproche».
El magistrado también ratificó que nunca consideró que los hechos de Vialidad constituyeran el delito de asociación ilícita. Explicó que esa figura requiere determinados elementos que, a su criterio, no se verificaron en el caso y recordó que esa calificación tampoco prosperó ante la Cámara de Casación ni ante la Corte Suprema.
Sobre el decomiso de los bienes vinculados al perjuicio ocasionado al Estado, Gorini reconoció que el procedimiento presenta dificultades técnicas debido a la cantidad y diversidad de bienes involucrados, así como a la existencia de embargos y medidas cautelares correspondientes a otros procesos.
Sin embargo, aseguró que la sociedad podrá ver que los bienes que correspondan serán restituidos al Estado, aunque evitó establecer plazos porque existen recursos pendientes ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema.
Gorini también reveló que durante el juicio sufrió distintas situaciones que interpretó como presiones y hostigamiento. Mencionó el acceso ilegítimo en 12 oportunidades a la base de datos biométricos del Renaper, la sustracción de declaraciones juradas y anexos reservados, una falsa amenaza de bomba en su domicilio y episodios de seguimiento y fotografías de integrantes de su familia.
El juez afirmó además que fue incluido entre los magistrados que eran objeto de escraches digitales por parte de un grupo que posteriormente fue desbaratado.
En otro tramo de la entrevista, Gorini consideró necesario revisar mediante un debate parlamentario el régimen de prisión domiciliaria previsto por la Ley de Ejecución Penal, aunque aclaró que su planteo no se refería exclusivamente a Cristina Kirchner.
Sostuvo que la prisión domiciliaria continúa siendo una pena privativa de la libertad y advirtió que debe existir «el equilibrio suficiente para no desnaturalizar el contenido punitivo» de esa modalidad de cumplimiento de condena.
El magistrado, quien recordó que fue designado juez en 2011 por Cristina Kirchner, también defendió la actuación del Poder Judicial frente a los casos de corrupción que involucran a expresidentes y exvicepresidentes.
Consideró que, aunque «no es nada deseable» que altos funcionarios sean sometidos a procesos penales, el hecho de que sean investigados y juzgados cuando existen sospechas de delitos también demuestra «cierta salud democrática».
Finalmente, Gorini admitió que el Poder Judicial tiene responsabilidad en su mala imagen ante la sociedad, pero sostuvo que parte de las críticas deberían dirigirse hacia la política y las leyes. «Creo que hay que reconciliar al Poder Judicial con la gente», afirmó, y señaló que un mayor conocimiento social sobre el funcionamiento de la Justicia permitiría comprender mejor las decisiones y los tiempos de los procesos.
Sobre las demoras judiciales, explicó que el juicio mediático puede ser «instantáneo», mientras que el proceso judicial requiere formalidades destinadas a garantizar el derecho de defensa y las distintas instancias de revisión.
También advirtió que las vacantes en la Justicia repercuten negativamente en la prestación del servicio, porque obligan a recurrir a subrogancias y enlentecen el trabajo de los tribunales.