El abogado Gustavo Morales fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras haber admitido ser responsable de los delitos de desobediencia judicial reiterada, instigación a cometer delito, turbación de un acto legítimo de la autoridad, y falso testimonio reiterado en calidad de instigador. Además de la pena, el letrado deberá cumplir reglas de conducta y se le prohibió ejercer cualquier cargo público por seis años. También se oficiará a las empresas Meta Inc. y TikTok dar de baja la cuenta llamada @todalaverdadok, en la cual el imputado habría difundido videos con mensajes subversivos, y los videos difundidos por medios de comunicación tucumanos en los cuales se refirió al ministro Fiscal Edmundo Jesús Jiménez.
Durante una audiencia de juicio abreviado, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer nuevos detalles sobre los cinco legajos abiertos en contra del abogado, entre los cuales se encuentra la causa por haber instigado al personal policial de Tucumán a cometer sedición policial. Una vez que todas las partes estuvieron reunidas, la titular de la Fiscalía de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, comenzó a exponer cada uno de los cargos.
Instigación a sedición
Siguiendo la hipótesis fiscal, Morales, entre el 29 de enero de 2024 y el 25 de febrero de 2024, con el fin de instigar a un número indeterminado de efectivos policiales a levantarse contra la superioridad policial, grabó videos para publicarlos en la cuenta de TikTok @todalaverdadok, que contaba con más de 20.000 seguidores. Con ayuda de Ramiro Rigo (ya condenado a dos años de condicional), el imputado grababa los videos y disponía el título, las plataformas y el horario en el que serían publicados. En dichos videos, el abogado hacía alusión a la caída del jefe de Policía, Joaquín Girveau Olleta.
A su vez, Rigo y él estaban en contacto con policías que armaron un grupo de WhatsApp llamado “Sueldo Policial 2024”, a quienes les enviaban los anlaces de los videos y les pedían que los difundieran. A su vez, Morales les hizo saber que estaba a disposición para asesorarlos, insitándolos a un levantamiento policial. Algunos de los mensajes enviados por el abogado, y que más llamaron la atención de las investigadoras, fueron: “hagan una movida grande. ¿Por qué no toman la casa de Gobierno? Y a ver si lo sacan al ministro de Seguridad, sí?”; “¿Van a hacer quilombo por el aumento salarial? ¿O se van a subordinar por estos corruptos?”; “Yo tengo gente que se anima a lo que sea”.
Turbación
Otro de los delitos por los que se le formularon cargos al abogado fue por el de turbación de un acto legítimo de la autoridad. Según explicó Rivadeneira, Morales asumió como representante de Rodolfo Enrique Neufeld en la causa en su contra por violación de los deberes de funcionario público, defraudaciones agravadas y falsedad ideológica.
El defensor había sido notificado por la Cámara Conclusional III en diciembre de 2022 que el juicio oral y público se realizaría los días 17, 18 y 20 de abril de 2023. El sábado 15 de abril de 2023, Morales presentó un escrito “dos días antes del inicio del debate y notificado con cuatro meses de antelación”, que la Corte Suprema de Justicia, el 12 de abril extendió para el 17 de abril el juicio de una causa diferente en la que él participaba, por lo que solicitó la cancelación del debate oral contra Neufeld.
La Cámara rechazó el pedido y le llamó la atención a Morales por no haberle informado a la CSJT que ya tenía una audiencia programada, advirtiéndole que con su conducta podría incurrir en un incumplimiento de sus obligaciones y a la falta de buena fe y lealtad procesal.
El defensor no compareció al primer día del juicio y el Tribunal resolvió que Morales incurrió en un abandono de la defensa, lo apartó de la representación de Neufeld y le designó un defensor oficial penal debiendo suspender la audiencia. Posteriormente el abogado explicó que la notificación fue enviada al mail de un abogado diferente y pretendió recuperar la defensa, requerimiento no admitido. “De esa manera Morales turbó el orden de las audiencias fijadas y el ejercicio de la función pública”, dijo la fiscal.
Falso testimonio
También fue imputado por haber presentado a un mismo testigo falso en al menos tres causas judiciales en las que actuaba como abogado particular. Su cómplice es Raúl Roberto Aniquin, también acusado por este delito. “Morales lo ofrecía como testigo para realizar afirmaciones falsas, perjudicando de esta manera a la administración de justicia y a la fe pública judicial”, expresó Rivadeneira. Por el momento, el MPF descubrió que declaró falsamente el 12 de mayo de 2021 en la audiencia de un juicio por una causa de amenazas agravadas, donde Morales era querellante.
También lo hizo el 7 de diciembre de 2021, cuando el abogado defendía a un hombre acusado por robo agravado por ser cometido por arma de fuego. Allí Anequin habría dado una declaración favorable para el imputado. El 4 de agosto de 2023 declaró en un juicio por robo en despoblado y en banda, en el cual Morales representaba al acusado. Aniquin afirmó haber presenciado el hecho, a pesar de que las antenas de su celular informaron que no estuvo en dicha ubicación.
Desobediencia judicial
El 28 de marzo de 2022, en una audiencia de impugnación por la causa en contra del abogado Rodolfo Burgos, acusado de haber abusado sexualmente de su hija menor de edad, Morales representaba a la querella, madre de la menor. El juez del Tribunal de Impugnación interviniente -por pedido de la abogada del Niño, Valeria Reinoso– manifestó que la audiencia sería privada, en razón de la edad de la víctima y naturaleza del delito que se investigaba. Acto seguido informó que todos los participantes de la audiencia tenían la obligación de guardar respeto y silencio sobre el tema y advirtió que si alguna persona filtraba algo relacionado al caso debería afrontar las consecuencias que correspondan.
Según la teoría fiscal, Morales desobedeció dicha orden al facilitarle al director de un medio de comunicación tucumano el informe psicológico de la víctima realizado por su psicóloga. Dicho informe fue publicado en su integridad en mayo de 2022 bajo el título: “Caso Burgos UNT: estremecedor informe psicológico de la menor”.
Por último, desobedeció la orden emitida por el juez Javier Ortega el 15 de octubre de 2024, en la cual se le dispuso abstenerse de realizar cualquier tiempo de referencias sobre la vida privada o comentarios indecorosos de Edmundo Jiménez y su grupo familiar, ya sea por redes sociales y cualquier otro medio de comunicación, de modo directo o por otras personas. “Morales, en un video publicado en Instagram y Facebook el 9 de diciembre de 2024 manifestó lo siguiente: ‘Se llama Edmundo Jesús Jiménez el principal corrupto de la provincia de Tucumán’. El 16 de diciembre en una entrevista televisiva expresó: ‘Y eso evidentemente incomoda a un ministro Fiscal octogenario, que no solo carece de idoneidad moral sino además de reflejo por sus avanzados años’”, citó la investigadora.
Acuerdo
En la audiencia también participó la auxiliar de fiscal, Brenda Deroy quien indicó que a lo largo del proceso se realizaron múltiples pericias a celulares y dispositivos electrónicos donde los trabajadores del ECIF encontraron mensajes, registros de llamadas telefónicas, imágenes, videos, análisis de cuentas de redes sociales y triangulación de antenas de geolocalización y de celdas de cobertura telefónica. También se realizaron entrevistas a decenas de testigos, que ayudaron a respaldar los datos extraídos de las pericias y a confirmar las teorías de los distintos casos que el Ministerio Público Fiscal viene investigando desde hace más de un año.
“Recordemos que el señor Morales es abogado, y que durante la comisión de los hechos endilgados surge que el mismo estaba en pleno ejercicio de su matrícula, y que alguno de ellos incluso acentúan la gravedad dado que fueron cometidos en causas en las que el mismo intercede con calidad de representante de alguna de las partes”, argumentó Deroy luego de enumerar alrededor de un centenar de evidencias.
Acto seguido presentó el convenio de juicio abreviado al que arribaron junto con el abogado José María Molina, en representación del Gobierno de la Provincia, Morales y sus abogados, Carlos Garmendia y Diego Piedrabuena. Luego de que el imputado reconociera su culpabilidad, el juez Guillermo Di Lella resolvió homologar el acuerdo y condenar a Morales a tres años de condicional.
Fuente: La Gaceta