A la presentación del amparo en contra de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), que se concretó hoy, el diputado Carlos Cisneros sumó otra acción contra la firma concesionaria.
Seis abogados están disponibles para la atención gratuita de las personas que se consideren afectadas por EDET, y quieran avanzar con presentaciones contra esta. Se trata de los letrados Marcelo Víctor Lizarraga, Celina Sánchez, Gerónimo Muso, Patricia Neme, Juan Andrés Robles y Emilio Mrad. Estos atienden desde mañana, de 8 a 13, en Buenos Aires 458, PB “C”. Según precisó el diputado, se trata de un medio para ayudar a la gente que padece a EDET. “Las funciones de este equipo no se superponen con las del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), ni con las de la Secretaría de Comercio Interior, ni con las de la Defensoría del Pueblo, ni con las de las asociaciones de defensa de consumidores. Por el contrario, se complementan; porque la idea es hacer fuerza entre todos. Debe haber sanciones ejemplificadoras”, señaló Cisneros.
En paralelo a la implementación de este grupo de abogados, y tal como lo había anticipado, el secretario de Administración de la Asociación Bancaria en el ámbito nacional presentó el amparo, con el patrocinio de Neme y de Robles.
Concretamente, solicito que se ordene a EDET a prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica a los usuarios, en condiciones de continuidad y regularidad; y a que se abstenga de realizar interrupciones al servicio, bajo apercibimiento de aplicar todas las sanciones que correspondan según el ordenamiento jurídico”, señala el diputado en el escrito. Y añade que la Justicia ordene a la empresa a que se abstenga de realizar todo ajuste, actualización o aumento en la tarifa en contra de los usuarios, por un plazo de 180 días.
En ese marco, también solicitó la anulación de las resoluciones emitidas por las autoridades del Ersept que avalaban las subas de las tarifas, como así también todas las que pudieran llegar a emitir durante la tramitación del amparo, que vayan en el mismo sentido que aquellas. “Establecen tarifas que -por los consumos promedio- implican facturas que detraen de manera irrazonable y abusiva una proporción excesiva del común denominador de los ingresos de los grupos familiares tucumanos que generan altos niveles de incobrabilidad y, por consiguiente, la privación del acceso al servicio público esencial de energía eléctrica”, había dicho días atrás, mediante un comunicado.
El amparo presentado ratifica este señalamiento. “Las tarifas de EDET son abusivas por resultar altas en forma desproporcionada para todo el grupo o colectivo afectado. Llegamos a tal conclusión luego de comparar las tarifas que otras empresas cobran en las demás jurisdicciones por idéntico servicio. De este modo, la resolución de Ersept 552/2022, por cuanto autoriza a el cuadro tarifario vigente de la empresa, resulta violatoria de los derechos de los usuarios domiciliarios. Esta desproporción resulta clara, además, si tenemos en cuenta la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), según la cual en Tucumán los hogares con ingreso tienen en promedio un ingreso total familiar de $ 110.061 mensuales; y en el decil más bajo, de $ 25.994 mensuales”, dice Cisneros en el planteo judicial. Y añade: “los usuarios reciben un servicio deficiente, de baja calidad y nula eficiencia; y aun así deben pagar una tarifa que es abusiva, desproporcionada, irracional e injusta”.