El levantamiento del secreto de sumario en la causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán dejó al descubierto nuevos elementos de peso en la investigación y abrió, además, una veta particularmente sensible: la aparición de posibles conexiones políticas en uno de los expedientes por narcotráfico más relevantes de la historia reciente de la provincia.
La investigación se originó el jueves 4, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que se transportaban los 470 kilos de cocaína, un cargamento valuado en más de U$S 2,3 millones. Durante la requisa, los uniformados no sólo hallaron la droga, sino también dos elementos que fueron secuestrados y separados del resto de la evidencia: una planilla en blanco titulada “Entrega de módulos de mercadería a familias en situación de riesgo”, con sello del Ministerio de Desarrollo Social, y ocho banderas amarillas con el emblema del Movimiento de Unidad Popular (MUP), espacio político vinculado al manzurismo.
Ese hallazgo reavivó las sospechas en torno a Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los seis detenidos en la causa y ex candidato a concejal de Famaillá por el MUP en las últimas elecciones. Los otros arrestados —Marcos Nacif, Pablo Abraham Pérez, Matías Díaz, Enrique Cátulo Santos y Ernesto Cátulo Chamas— no tendrían, en principio, vínculos con la actividad política.
La presencia del material partidario y de la planilla oficial en la camioneta cobra relevancia porque, según la investigación, ese vehículo habría pertenecido a Chávez. Sin embargo, el acusado aseguró que ya no era suyo: sostuvo que lo había entregado a Abraham Pérez como parte de pago de otra camioneta similar, la que actualmente utiliza en su verdulería.
Frente a la repercusión del caso, el referente del MUP, Luis Romano, salió a despegar a la organización de cualquier nexo con el expediente. “No tenemos nada que ver con este caso”, afirmó antes de reconstruir cómo Chávez llegó al espacio político.
Según explicó, poco antes de las elecciones el candidato a concejal original del partido abandonó la lista para sumarse a otra fuerza, y fue entonces cuando el postulante a intendente, Zavala, propuso incorporar a Chávez porque, supuestamente, podía aportar votos. “Aceptamos porque nos habían hablado muy bien de él. Eso es lo que sucede cuando uno presta el partido para otros sin tomar los cuidados correspondientes”, admitió.
Romano también rechazó de plano cualquier relación entre la agrupación y la distribución de módulos alimentarios. “Desde hace tiempo venimos denunciando que el Gobierno, sin que sepamos los motivos, no nos entrega productos para repartir desde noviembre. Lo más probable es que ese material le haya quedado a ‘Icha’ de la campaña”, dijo. Y agregó, respecto de las banderas halladas en la camioneta: “Todo el mundo sabe que en los actos se las roban para utilizarlas en otros momentos”. Incluso recordó que no fueron pocas las veces en las que aparecieron banderas del MUP en protestas o cortes de calle sin que la organización tuviera participación alguna. “No tenemos ninguna vinculación con los sospechosos”, insistió.
Mientras tanto, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz continúa avanzando en la pesquisa por el segundo mayor secuestro de cocaína de la historia de Tucumán y empieza a delinear el presunto rol de cada uno de los acusados. Una de las hipótesis centrales es que los seis detenidos no actuaban de manera aislada, sino que integraban distintos eslabones de una estructura criminal mucho más amplia de lo que se pensó en un primer momento.
En esa reconstrucción, Marcos Nacif aparece como el presunto transportista del cargamento. Chávez sería, según los investigadores, el hombre que aportó la camioneta utilizada para mover la droga. Matías Díaz y los Cátulo, en tanto, quedaron bajo sospecha por posibles maniobras de lavado de activos.
Sobre ese punto, la causa ya sumó datos sensibles. Trascendió que la esposa de Díaz, pese a no registrar trabajo formal declarado, figura como propietaria de dos camionetas y un camión con acoplado. En el caso de Enrique Cátulo Santos, su antecedente también pesa: fue condenado por lavado de activos en beneficio de Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale. Tanto él como los demás imputados negaron los cargos que se les atribuyen.
La situación más comprometida, sin embargo, sería la de Pablo Abraham Pérez. Para los investigadores, su papel dentro de la organización habría sido clave en el engranaje logístico del grupo. Aun así, la gran incógnita del expediente sigue intacta: determinar quién era el verdadero dueño del cargamento de cocaína y a qué estructura mayor respondía la operación que terminó al descubierto en la ruta tucumana./Contexto