El anhelo de convertir a El Cadillal en “la Miami de Argentina”, tal como lo imaginaba el exgobernador Celestino Gelsi, quedó sepultado bajo toneladas de cemento ilegal, loteos sin control y la desprotección de una de las zonas más sensibles del norte argentino.
Un reciente informe elaborado por un equipo interdisciplinario de organismos públicos encendió todas las alarmas: en la villa turística del norte tucumano se usurparon más de 300 hectáreas de tierras fiscales y hay al menos 3.000 viviendas construidas en forma irregular.
El documento, titulado “Lineamientos de Ordenamiento Territorial El Cadillal”, fue presentado a fines del año pasado y elaborado tras el escándalo de la toma de tierras en la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar.
Desde entonces, el gobernador Osvaldo Jaldo encomendó a la fiscal de Estado Gilda Pedicone avanzar sobre todos los centros turísticos de la provincia para identificar y revertir situaciones similares.
El trabajo multidisciplinario reunió a representantes de la Fiscalía de Estado, los Ministerios del Interior, Gobierno y Economía, así como de las direcciones de Catastro, Flora y Fauna, Agua, y los entes de Turismo y Cultura. Tras meses de trabajo discreto, los especialistas entregaron un diagnóstico demoledor.
En lo que fue pensado como un polo de desarrollo y recreación para los tucumanos, el Estado descubrió un verdadero desorden territorial, ambiental y urbanístico. Las irregularidades se agrupan en dos grandes ejes: el avance de construcciones ilegales y los daños al entorno natural y arqueológico.
Las principales anomalías detectadas:
- Usurpación de tierras fiscales: más de 300 hectáreas ocupadas por loteadores informales que no respetaron normativa alguna.
- Obras sobre caminos públicos de la Dirección Provincial de Vialidad, afectando la accesibilidad y los servicios de emergencia.
- Urbanizaciones en zonas inundables, especialmente debajo de las Presas 2, 3 y 4 y aguas abajo del aliviadero de emergencia, en áreas con alerta hídrica.
- Construcciones a menos de 35 metros del embalse, lo cual viola las normas de seguridad.
- Riesgos hidrogeológicos por asentamientos en zonas de remoción en masa, como el cerro Médici y los márgenes del zanjón Tazana, con erosión activa.
- Calles angostas e inadecuadas, sin conexión entre barrios más allá de las rutas. En la mayoría de los casos, las arterias internas no cumplen con los anchos mínimos que exige la Ley de Loteos.
El informe también advierte que los movimientos de suelo y construcciones descontroladas han generado pérdidas irreparables en biodiversidad y han puesto en riesgo zonas de alto valor arqueológico y paleontológico. Las obras avanzaron incluso sobre áreas catalogadas como de máxima protección en el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Un dato alarmante es que se detectaron viviendas bajo líneas de alta tensión, en zonas de servidumbre administrativa del electroducto, lo que representa riesgos sanitarios y energéticos para los habitantes y el sistema eléctrico de gran parte de la provincia.
El informe, que funciona como radiografía y advertencia, será el punto de partida para definir las acciones que tomará el gobierno provincial. Jaldo ya anticipó que se avanzará con un proceso de reordenamiento que buscará recuperar tierras fiscales, regularizar situaciones posibles y preservar las áreas protegidas, para evitar que El Cadillal —alguna vez símbolo de desarrollo turístico— termine convertido en una bomba de tiempo urbanística y ambiental.
La situación, según los técnicos, requiere intervenciones urgentes, tanto en materia legal como de infraestructura, para frenar un deterioro que ya compromete la seguridad, la sostenibilidad y el futuro mismo del principal pulmón verde y turístico del norte tucumano.
Fuente: Contexto