La novedad política y judicial más trascendente que podía recibir el oficialismo tucumano reposa desde hace ya cuatro meses en los despachos de los tribunales federales. Sin la estridencia que había acompañado el impulso de la denuncia, el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez resolvió archivar el expediente que más inquietud generaba en la Casa de Gobierno.
Se trata de la pesquisa abierta a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que había puesto bajo sospecha el manejo de fondos públicos en distintos municipios de la provincia. El titular de ese organismo, Diego Velasco, había formulado a principios de 2025 una denuncia contra siete municipios del norte argentino. Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá, Alberdi y San Isidro de Lules, de Tucumán; y las municipalidades catamarqueñas de Corral Quemado, Belén e Icaño; y la salteña San Carlos.
Aquel expediente se originó tras la detección de operaciones financieras consideradas inusuales, principalmente por la reiteración de extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una modalidad permitida pero de baja trazabilidad.
“De los informes de Inteligencia recibidos y las diligencias llevas a cabo, se advierten conductas que podrían ser contrarias al ordenamiento jurídico, en tanto la propia Unidad de Información Financiera (UIF) especificó que los significativos fondos públicos extraídos en efectivo de aquellas Municipalidades mencionadas, a través de cheques y sin justificación, podrían haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones provinciales y nacionales», expuso la Procelac en su escrito inicial.
En total, el volumen de dinero por investigar ascendía a $ 39.487 millones. “Mediante las investigaciones efectuadas se pudo corroborar la existencia de las cuentas bancarias de los distintos municipios, sus firmantes y autorizados, como así también el libramiento de cheques para la extracción de dinero durante el período cuestionado (que va desde enero de 2023 hasta junio de 2024, según los casos)», se añadió en el escrito ingresado a la Justicia federal el 30 de diciembre de 2024.
La Procelac centró sus sospechas en la posibilidad de que ese dinero retirado haya sido destinado a la campaña electoral de 2023. Al punto que recurrió a una comparación para dimensionar el volumen de los fondos: precisó que los principales espacios políticos recaudaron casi $ 875 millones a nivel nacional en 2023, «monto notoriamente inferior a la suma calculada” para el conjunto de municipios investigados».
Todo esto, según la Procuraduría, permitía tener indicios de que se podrían haber cometido infracciones a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y los delitos de Peculado, lavado de activos de origen ilícito y/o asociación ilícita.
En el caso puntual de los municipios tucumanos, los montos retirados mediante cheques por ventanilla ascendían a $ 17.200 millones en Banda del Río Salí; $ 11.400 millones, en Famaillá; $ 6.000 millones, en Alberdi; $ 4.200 millones, en Lules; y $3.900 millones, en Monteros.
La investigación del fiscal y sus conclusiones
A partir de esa presentación de la Procelac, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz abrió una investigación para determinar la posible comisión de delitos. Según el dictamen N° 1787/2025, al que accedió en exclusiva Tendencia de Noticias, Vehils Ruiz pidió informes a bancos, a la Provincia, a los municipios, tomó declaraciones testimoniales e incluso analizó el patrimonio de los funcionarios municipales que habían firmado los documentos cuestionados. El objetivo, claramente, fue determinar a dónde había ido el dinero retirado mediante cheques por ventanilla. Además, tuvo en cuenta que todas las ejecuciones presupuestarias habían sido aprobadas sin objeciones por los Concejos Deliberantes, a través de los informes de las Cuentas de Inversión anuales.
«Las operaciones investigadas fueron autorizadas por la entidad bancaria interviniente -sin reproches ni observaciones por parte del órgano de supervisión y ejecutadas de manera pública, trazable y conforme a las prácticas operativas habituales», se lee en un fragmento del expediente. También se menciona que los trámites seguían el circuito administrativo: se iniciaban en Contaduría, Hacienda, intervenían las áreas de control, se dictaba el acto administrativo, se ordenaba el pago y luego se rendía cuentas. «La emisión de cheques al portador […] constituye una operatoria formalmente válida, funcionalmente explicable y normativamente permitida», se añadió. «No configura -en ausencia de elementos subjetivos de ilicitud- una conducta típica en términos penales», se aclaró.
Respecto del análisis patrimonial de los funcionarios que habían firmado, tampoco el fiscal encontró elementos sospechosos. «Los activos no presentan inconsistencias evidentes respecto de los ingresos formales declarados», precisa, por ejemplo, al momento de analizar la declaración jurada y los bienes del ex intendente bandeño y actual ministro del Interior, Darío Monteros. A una conclusión similar llega la pesquisa sobre los entonces intendentes Carlos Gallia (Lules), Francisco Serra (Monteros) y Enrique Orellana.
El fiscal tampoco logró acreditar, según el expediente, la hipótesis de un financiamiento político irregular: «no se ha acreditado que los fondos retirados hubieran sido destinados al financiamiento de campañas electorales (…) No se verifica transferencia de fondos municipales hacia estructuras partidarias o electorales».
De esta manera, Vehils Ruiz concluyó que “los hechos analizados no revisten entidad suficiente para habilitar la formulación de cargos», por lo que correspondía la desestimación por inexistencia de delito».
Las advertencias sobre manejos displicentes
Al margen de los resultados de la investigación, el fiscal federal advierte que el manejo administrativo presenta situaciones con «displicencia» y «arbitraria disposición de fondos públicos».
No obstante, sostiene que no hay configuración de un delito. «Es dable señalar que el caso reúne ciertas particularidades que no puedo desdeñar en mi función de Fiscal Federal, una inicial apariencia delictual, una trascendencia pública y gravedad institucional por los considerables montos aludidos y la entidad de quiénes habrían participado en la operatoria cuestionada, contemporáneamente advertimos un contexto social que es indispensable observar y por último que todo lo que trataremos tiene una incidencia fundamental la faz administrativa contable», introduce.
Y continúa: “de una atenta lectura de la información recibida se observa que la misma resulta ser una incriminación genérica y abstracta, basado en inferencias que luego de analizadas las mismas surge de manera indubitable que los hechos no encuadran en ninguna tipicidad legal y que en todo caso responden a situaciones administrativas donde los diferentes intervinientes demuestran cierta displicencia en la operatoria pero sin que se produzca la comisión de ilícito y que en todo caso lo que podría existir es una arbitraria disposición de los fondos públicos pero que resulta ser propia de la operatoria funcional de los municipios, discrecionalidad en el manejo de los fondos que podría ser cuestionable desde otra mirada no así desde el prisma del rigor punitivista”.
Finalmente, en su dictamen ante el juez postula la desestimación de la investigación sobre la base del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación. Este texto, en su último párrafo, prevé que una denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito». “Hipótesis que se conforma a la luz de la denuncia incoada que parte de premisas que se contrastan con datos y documentación fehacientemente acreditada y que se desconocía al inicio de esta investigación», cerró Vehils Ruiz en el escrito N° 1787/2025.
El caso particular de Alberdi
Con los fundamentos del fiscal Vehils Ruiz en sus manos, el juez federal Díaz Martínez dispuso el archivo de la denuncia el 20 de noviembre del año pasado, y se mantuvo bajo llaves.
Entre sus argumentos, recordó que la titularidad de la acción penal pública está en manos del Ministerio Público Fiscal, quien tiene la facultad y “el deber de promoverla”. Y aunque el magistrado aclara que se trata de un dictamen, “adoptar una postura distinta, iría en contra de los principios fundamentales de nuestro modelo de enjuiciamiento penal, ya que al juez le está vedado el ejercicio de la acción penal de oficio”.
No obstante, y también a partir de una recomendación del fiscal federal, el titular subrogante del Juzgado Federal N° 1 dispuso la remisión al Juzgado Federal N° 2 de las pesquisas vinculadas únicamente al municipio de Juan Bautista Alberdi para que se anexen al Expediente N° 8467/2025, en el que el principal procesado es el ex intendente Luis Campos, y por el cual su gestión fue intervenida en 2025 por el gobernador Osvaldo Jaldo. El ex jefe municipal oficialista, su esposa la legisladora Sandra Figueroa y otros ex funcionarios, empresarios y dirigentes están involucrados en una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, referidos a narcotráfico y lavado de activos.
Ahora bien, ¿Por qué no se dicta un sobreseimiento y sí un archivo de la denuncia en lo atinente a los municipios de Banda del Río Salí, Monteros, Lules y Famaillá? Ocurre que no hubo ninguna imputación en contra de ningún funcionario público, ni siquiera los intendentes involucrados al momento de las operatorias, sino una denuncia de la Procelac para que se investigue las maniobras que consideraba sospechosas.
De esta manera, la resolución del expediente más caliente para el oficialismo tucumano fue cerrado hace ya cuatro meses, y lo que prometía ser un terremoto con eventuales implicancias electorales para 2027 terminó en un suspiro administrativo. Y una montaña de sospechas culminó en un silencioso archivo que festeja la Casa de Gobierno y quita a la oposición, de manera muy anticipada, municiones para la campaña que se avecina.
Fuente: Tendencia de Noticias