Siete de los 14 médicos que trabajaban en la Dirección de Control de Enfermedades Transmisibles hicieron pública su renuncia en las últimas horas, en protesta por lo que consideraron un “desmantelamiento” de las subáreas dedicadas a vacunas y respuesta al VIH, tuberculosis y lepra. Fue luego de que el Gobierno despidiera, en enero, a 43 de las 115 personas que trabajaban ahí. En un tuit, el ministro Mario Lugones respondió que la idea de un vaciamiento del Ministerio es «falsa» y aprovechó para refrescar la batalla retórica contra sus predecesores. “Son renuncias políticas, no sanitarias”, lanzó.
El debate que se viene generando, además de retórico, es lógico: ¿Qué razonamiento sostiene estas medidas? Las respuestas se diferencian por el orden de sus factores, que en este caso parece alterar producto.
El primero es el que usa el Gobierno como argumento central (no solo sobre el Ministerio de Salud sino en relación al ahora eliminado Instituto Nacional del Cáncer), y es que las áreas disueltas no funcionaban bien o estaban “de más”. Y que los despidos son producto de la ineficacia o de que se superponían funciones con otros sectores del Estado, lo que choca con la meta central oficial: ganar eficiencia en los procesos (desburocratizándolos), acelerar tiempos y, así, abaratar costos.
El otro razonamiento, que es atribuido al Gobierno por quienes lo critican, es que ese achique se funda en una mirada cuantitativa y no cualitativa.
En respuesta a un comunicado en el que los médicos calificaron su renuncia como un “acto de ética médica”, desde el Ministerio apuntaron que todo es parte de “una operación política de quienes están enquistados hace más de 20 años”, ligados “a la gestión anterior y a fundaciones que formaban parte del último gobierno”. En su tuit, Lugones consideró: “Sólo renunciaron unos pocos empleados, la mayoría de ATE”.
Clarín habló con dos de las personas que renunciaron y con una de las despedidas en diciembre, y también, con el Ministerio de Salud. Al cierre de estas líneas, no habían aceptado todavía la renuncia de 2 de los 7 médicos dimitentes y, según trascendió, habría habido un intento de acercamiento oficial apenas se recibieron las renuncias. Pero como las autoridades se habrían mantenido inflexibles ante el pedido de retrotraer los despidos, no se alcanzó ninguna negociación.
Ministerio de Salud: el argumento de las funciones duplicadas
Para José Barletta, uno de los médicos infectólogos que renunció a su cargo esta semana, los extremos “statu quo” vs. “motosierra” deberían encontrar mejor puerto en un lugar intermedio: “En el área de respuesta al VIH hacíamos vigilancia epidemiológica de infecciones de transmisión sexual y de VIH, pero la Dirección Nacional de Epidemiología (N. de la R.: que está separada de la Dirección de Control de Enfermedades Infecciosas) también hace vigilancia, aunque no de esos dos ítems”.
“Uno podría haber dicho ‘ok, a partir de ahora todo lo que es vigilancia se va a centralizar en Epidemio; basta con eso de que cada Dirección tiene su área de vigilancia‘. Se puede estar de acuerdo o no (a mí me hubiera parecido positivo), pero acá no hubo una transición planificada”, opinó el médico, y sumó que, «entonces, el problema es que Epidemiología hoy no tiene capacidad ni técnica ni física para absorber esas tareas de un día para el otro”.
De ahí los intentos -confirmados por fuentes reservadas- de que hubo intentos de jefes de áreas que, ante la obligación de absorber tareas de sectores ahora disueltos, intentaron recontratar personal formado que había sido despedido. Las autoridades no lo permitieron.
Consultados por estos contrapuntos, desde el entorno de Lugones consideraron que “el Ministerio está reordenándose» y que «hay mucha resistencia a los cambios, a buscar nuevos mecanismos». Enfatizaron que “no se vino a hacer lo mismo de siempre” y que buscan instalar “un cambio de paradigma”.
El achique del Ministerio de Salud
Los recortes en el Estado vienen siendo muchos, pero estos que ocurrieron entre fines de diciembre y enero (producto de una reestructuración muy grande del Ministerio de Salud, que implicó la eliminación de unas 50 áreas, según l decreto 1128/2024) cobraron especial relevancia.
Por un lado, porque involucran los sensibles temas del VIH, la tuberculosis y las vacunas, cuestión que, con la caída persistente en las coberturas de inmunización, se volvió hoy uno de los déficits de salud pública más preocupantes. Pero, también porque va cobrando forma el anunciado “achicamiento ministerial”; una metamorfosis de la cartera de Salud hacia lo que en esa dependencia encuentran óptimo llamar “rectoría”.
Para algunos, esta retirada de Nación podría ser beneficiosa, si -de manera saludable- se deja de “malcriar” a las provincias demasiado dependientes de los recursos de Nación. Pero otros advierten que una falta de transición (como la observada por Barletta, pero a otra escala) dificultaría la maduración de los sistemas sanitarios en las provincias con menos recursos.
Los despidos y renuncias en Salud
Los despidos abarcaron la reducción del 40% del equipo de VIH y del 30% del de vacunas, coinciden los médicos “renunciantes” y el Ministerio de Salud. Precisaron que en Respuesta al VIH hubo 29 bajas de 71, y en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DCEI, o sea, “vacunas”), 14 sobre 44.
Laura Suárez Ornani es una de las 29 personas echadas de VIH. “Soy bioquímica. Mi nombramiento fue el 1 de enero de 2012, con un contrato anual del tipo 048”, contó
En el día a día, “era coordinadora del área de Reactivos, que pasó a llamarse Gestión de laboratorio. El 90% del trabajo era adquirir insumos de laboratorio y coordinar su distribución a las provincias, laboratorios de referencia e institutos nacionales, en cumplimiento de la ley que obliga al Estado a dar los insumos para las pruebas diagnósticas y seguimiento de enfermedades como hepatitis virales y VIH”. También trabajaba en la “actualización de algoritmos de diagnóstico de enfermedades, a medida que surgían nuevas técnicas de diagnóstico”.
Suárez Ornani describió sus últimos meses en el Ministerio como “insostenibles”. Las compras de insumos difícilmente se aprobaban, aseguró, y dijo que debió hacer malabares para reasignar insumos y/o trasladar muestras de sangre de pacientes de un lugar a otro del país, de modo que las pruebas diagnósticas se concretaran.
“Nos pidieron a las apuradas informes de metas físicas que después nadie controló porque cambiaron los mandos, sin contar el problema de trabajar sin presupuesto, con expedientes frenados, en un área que debe diseñar su plan de contrataciones con un año y medio de antelación”, apuntó.
“Mi sueño siempre fue trabajar en el Estado. Desde que era estudiante. Siempre me interesó la salud pública”, recordó.
El alcance de las renuncias
En los “considerandos” del decreto que reestructuró el Ministerio de Salud, el Gobierno determinó que, “en esta instancia, corresponde aprobar una nueva estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo” de la cartera.
Sobre esa estructura opinó Carolina Selent, médica infectóloga que renunció a su cargo en la DCEI. Según esbozó, su rol generaba un insumo clave, ya que se ocupaba de la vigilancia de eventos adversos en vacunas, en base a los datos informados al SISA por los establecimientos de salud. “Además (agregó), por falta de personal ayudaba en temas de vacunación antigripal, Hepatitis A y B, y VPH”.
“Mi área se encargaba del proceso ligado al calendario obligatorio de vacunación: desde que se decide incorporar una vacuna hasta su compra, especificaciones técnicas, distribución y seguimiento, incluyendo las coberturas. Es un tema muy importante porque desde 2023 se logró sumar la nominalización y eso permite desarrollar políticas más focalizadas”, explicó.
Trabajaba en coordinación con las provincias, donde contó que era común encontrar profesionales a los que las capacitaciones que ella y su equipo daban les eran elementales: «A veces se ignoran cosas muy básicas, como que hay que asentar como ‘caso de sarampión‘ cada reacción sintomática a la vacuna, hasta que se demuestre que el episodio fue producto de la inmunización».
Habló de una “falta de apoyo de las autoridades nacionales en el último tiempo” y se lamentó por el despido de dos especialistas con las que trabajaba: una experta en vacunación antigripal y VPH, y otra, en sarampión, “cuando estamos en pleno brote”.
La puerta de salida
“Hasta 2024 éramos 11 médicos en el área de vacunas. Echaron a cuatro. Quedamos siete. Ahora renunciamos cinco. Quedan, finalmente, dos”, resumió Salent.
Esos dos médicos integran el grupo de siete que quedó en pie en la Dirección de Control de Enfermedades Transmisibles, donde el Gobierno aclara que trabajan (entre administrativos y otros) 422 personas. Además de los dos de «vacunas», el “siete” incluye tres médicos del área zoonosis y vectores, y dos de VIH, tuberculosis y lepra. Sobre estos últimos habló, para cerrar, Barletta.
“En diciembre, en VIH éramos ocho médicos: una especialista en tuberculosis, dos hepatólogas (una, del equipo técnico; la otra, directora), cuatro infectólogos de adultos (tres hacíamos gestión y un tercero, auditoría de medicamentos) y una infectóloga pediatra”, repasó.
Sin embargo, “el 31 de diciembre echaron a la única especialista en tuberculosis. En enero, a las dos hepatólogas y a uno de los infectólogos de adultos. En VIH quedó una infectóloga pediatra y tres médicos más: dos infectólogos para planificación, gestión, recomendaciones y monitoreo, entre otros, y uno para auditoría”.
Pero en febrero renunciaron los dos infectólogos que hacían planificación y gestión, y quedaron sólo dos personas: “Un infectólogo haciendo auditoría de medicamentos y una infectóloga pediatra. Hoy no hay ningún médico de adultos haciendo gestión y monitoreo”.
A las renuncias citadas se sumó una más, al cierre de estas líneas: era el encargado de la cadena de frío del área de vacunas.
Fuente: Clarín