La Justicia tucumana avanza sobre una presunta organización dedicada a fabricar y vender certificados falsos, una operatoria que desde febrero habría inundado escuelas, centros de salud y oficinas públicas con documentación adulterada.
Hasta ahora, dos mujeres fueron imputadas y otras cinco personas permanecen bajo investigación. Los allanamientos revelaron la magnitud del esquema: decenas de sellos apócrifos, fichas médicas escolares y formularios de distintos organismos públicos listos para su comercialización.
La investigación está en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por Diego López Ávila.
Los funcionarios reconstruyeron que la banda confeccionaba sellos falsos a nombre de médicos, dentistas, técnicos de salud y organismos estatales —incluyendo el Ministerio de Educación, el hospital Avellaneda, el Siprosa y la Oficina de Trámites Ciudadanos— para emitir certificados, aptos físicos y formularios de Anses que luego ofrecían, sobre todo, por redes sociales.
Las sospechas se activaron cuando profesionales de la salud detectaron documentos con sus nombres pero con datos imposibles: especialidades erróneas, instituciones equivocadas o firmas que no correspondían. Esa cadena de advertencias derivó en denuncias y en una serie de allanamientos que destaparon el circuito clandestino.
El 22 de octubre, la Policía irrumpió en una vivienda del barrio San Miguel, donde secuestró 25 sellos —tres oficiales y 22 profesionales— junto con certificados ya confeccionados y dispositivos electrónicos.
Allí fue detenida la primera imputada, acusada de falsificar al menos dos fichas médicas: una ingresada como apto escolar para una menor y otra con diagnóstico supuesto de gastroenteritis, ambos documentos con datos inventados y sellos falsificados.
En la audiencia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás sostuvo que la mujer llevaba adelante una “actividad sistemática” para adulterar documentación y pidió su prisión preventiva, que fue otorgada por 27 días.
Semanas después, un nuevo allanamiento en el barrio San Francisco permitió identificar a otra sospechosa. El procedimiento terminó con su aprehensión y el secuestro de cinco sellos truchos pertenecientes a organismos de salud y educación, además de un CAPs y dos profesionales. Fue imputada por falsificación de sellos y quedó bajo arresto domiciliario por 30 días.
Con el avance de las pericias, los investigadores comenzaron a perfilar un entramado más amplio que desborda la acción individual. El MPF cree que se trata de una estructura organizada: una “fábrica de certificados” que produciría y vendería documentación falsa para múltiples usos —trámites educativos, laborales, sanitarios y sociales—. Ya fueron identificadas cinco personas que habrían participado del esquema, aunque en los allanamientos realizados no se encontraban en sus domicilios.
Mientras continúan los operativos, la fiscalía concentra su trabajo en determinar los roles de cada integrante y el alcance real del perjuicio. En el Ministerio Público no descartan que la red haya ofrecido más tipos de documentos de los hallados hasta ahora, dado que en los domicilios se secuestró material vinculado a planes sociales, certificados médicos generales y fichas escolares. La causa sigue en plena expansión y no se descarta que surjan nuevos imputados.