La jueza federal de Nueva York Loretta Preska, a cargo del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, ordenó a la Argentina entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios -incluidos Luis Caputo y Sergio Massa– para intentar probar que hayan manejado los precios de los combustibles.
La orden salió del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde ya se condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi US$ 900 millones), buscan volver a incluir en el caso a YPF -sacada originalmente- y embargar sus activos.
El argumento de Burford es que YPF es «alter ego» del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera como de los objetivos políticos del gobierno de turno.
Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones del actual ministro de Economía y de su antecesor -ex candidato a presidente-, pero también del asesor presidencial Santiago Caputo; el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense; y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho inédito.
La medida se enmarca en el «discovery» autorizado en febrero para buscar información desde el 2020 a la fecha y probar que las entidades públicas, como el Banco Central y el Banco Nación, son lo mismo que YPF, una sociedad anónima que cotiza tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Nueva York.
El objetivo es poder acceder a activos argentinos, como el oro que trasladó Caputo al exterior.
Según la presentación, la Argentina «se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Slack o Gmail)».
Para los demandantes, «el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales».
Y si bien el Gobierno ofreció revisar sólo las comunicaciones externas de funcionarios con empleados de YPF o del BCRA, los reclamantes consideran que «no son suficientes».
El argumento es que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA también son «esenciales» para establecer el control del gobierno sobre esas entidades.
Burford compró en España el derecho a litigar contra la petrolera, luego de que dos empresas del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) con acciones en YPF fueran a la quiebra y renunciaran a hacerle juicio al Estado por la expropiación.