Este viernes, 1 de marzo, tuvo lugar una nueva audiencia en el marco de la causa en la que se investiga un intento de huelga policial y en la que se encuentran procesados ya cuatro efectivos de la fuerza y un civil, a quienes se acusa por el delito de instigación a cometer sedición. En esta oportunidad la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos que conduce Mariana Rivadeneira, formuló cargos contra el abogado Gustavo Morales quien se transformó en el sexto imputado por el intento de huelga desactivado por las autoridades provinciales el domingo pasado.
El profesional fue arrestado ayer en su domicilio de barrio Sur por la Policía.
Durante la audiencia, la fiscal Rivadeneira solicitó en primer lugar que se declare legal dicha detención la cual fue ordenada por la jueza María Alejandra Mibelli.
Luego procedió a formalizar la acusación contra el letrado que, según su entender tuvo participación en los hechos investigados.
De acuerdo a la teoría del caso estaría instigando, incentivando o promoviendo a efectivos policiales, a través de la red social TikTok, a cometer un hecho ilícito que podría alterar el orden público provincial. También mencionó que cuenta con evidencia acerca de mensajes (precisamente un audio) que este le habría enviado a uno de los cinco imputados y que hacía referencia a la intención de ofrecer su asesoría en materia jurídica.
Por otro lado, la representante del MPF solicitó la prisión preventiva del acusado por el plazo de 90 días para resguardar la investigación.
“La gravedad del delito amerita que se resguarde el proceso porque involucra a la paz social. No se puede permitir repetir la historia del 2013 por eso hemos actuado rápido en función de la investigación iniciada por la propia policía”, expresó la investigadora.
Por su parte, el juez interviniente declaró legal y legítima la detención del abogado y la imputación realizada en su contra, pero rechazó el pedido de la preventiva y le impuso medidas de coerción de menor intensidad. En tanto que , la fiscal Rivadeneira presentó un recurso de impugnación acerca de la medida privativa de la libertad.