En una de las causas de corrupción más relevantes del año, el juez federal Julián Ercolini convocó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández, quien enfrenta acusaciones por un esquema de direccionamiento de fondos públicos en el sector de seguros. La maniobra, que involucró a múltiples actores y empresas coaseguradoras, fue posible gracias al Decreto 823/2021 firmado durante la gestión de Fernández.
El Decreto 823/2021: La Puerta al Negocio de los Seguros Públicos
El Decreto 823/2021, firmado en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández, centralizó la contratación de seguros de las entidades estatales en Nación Seguros, la aseguradora oficial. Este movimiento de consolidación no solo otorgó a Nación Seguros la exclusividad para gestionar pólizas en el ámbito público, sino que también le dio el poder de incluir, a discreción, a otras aseguradoras privadas bajo la modalidad de coaseguro.
Esta medida, según el juez Ercolini, no tenía otro fin que dar apariencia de legalidad a una maniobra que, en la práctica, permitió que un selecto grupo de empresas coaseguradoras e intermediarios controlara el negocio de los seguros públicos. La norma dejó en manos de Nación Seguros la elección de intermediarios, empresas coaseguradoras y los montos de comisiones, abriendo una puerta al direccionamiento arbitrario y, como reveló la investigación, a la recaudación de millonarias comisiones en favor de empresarios con vínculos estrechos con el expresidente.
Los Protagonistas de la Maniobra
La investigación de Ercolini reveló una red de intermediarios conformada por empresarios y empresas de confianza del círculo cercano a Fernández. Entre los principales beneficiarios destacan Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y esposo de su secretaria María Canteros; Pablo Torres García y Oscar Castello, quien además realizó aportes a la campaña presidencial de 2019 a través de su empresa.
Empresas como San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros, TG Broker SA y San Germán Seguros SA desempeñaron un rol clave, siendo seleccionadas como intermediarias o coaseguradoras en los contratos de Nación Seguros. Este esquema les permitió cobrar comisiones y aumentar su participación en el mercado de seguros sin procedimientos de selección transparentes. La inclusión de estas empresas resultó en la asignación de más del 87% de las comisiones pagadas, una cifra que ascendió a más de 3.400 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) entre 2019 y 2023.
Cooperativas y Montos Sospechosos: Un Mecanismo de Desvío de Fondos
Parte del dinero desviado circuló por cooperativas como «7 de Mayo Cooperativa de Trabajo LTDA», que declaró una actividad económica incongruente con el volumen de dinero que movió, elevando sospechas en la Justicia. Esta cooperativa, con un perfil de negocio ligado al sector gastronómico, registró ventas abultadas y sospechosas entre 2021 y 2024. La Justicia encontró créditos millonarios provenientes de aseguradoras que utilizaban sus cuentas para justificar servicios ficticios de catering o eventos. Esta operación implicaba a otras cooperativas similares que simulaban actividades económicas, desviando los fondos hacia cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas a la red de intermediarios.
El Rol de Alberto Fernández: Vínculos y Acusaciones de Connivencia
La investigación de Ercolini sostiene que Alberto Fernández no solo firmó el decreto que posibilitó la concentración del negocio de seguros en Nación Seguros, sino que también mantuvo una relación estrecha con los principales beneficiarios de la maniobra. Entre ellos, Héctor Martínez Sosa, a quien la justicia describió como un amigo íntimo de Fernández, además de ser esposo de su secretaria de confianza.
Según el juez, el rol de Fernández fue determinante, ya que su decreto facilitó un “caudal de negocios” que benefició a Martínez Sosa y a sus asociados. Este vínculo se reforzó a través de regalos y favores económicos entre el expresidente y sus allegados, incluyendo el uso de inmuebles y préstamos. Las comisiones millonarias y los bienes entregados, como palcos en eventos, autos de lujo y relojes, subrayan los favores entre Fernández y los implicados en la red.
Repercusiones y Consecuencias para Nación Seguros
La centralización de los seguros estatales en Nación Seguros, según la investigación, no cumplió con los estándares de transparencia requeridos por la administración pública. La discrecionalidad con la que se eligieron los intermediarios e intermediaciones mediante contratos facilitó el direccionamiento de los fondos hacia los beneficiarios de la maniobra.
Al no existir pruebas claras de la realización de los servicios contratados, el juzgado también señaló a Nación Seguros por su falta de controles efectivos en la administración de fondos públicos, lo que facilitó la triangulación de comisiones entre intermediarios.
El caso que involucra a Alberto Fernández y al negocio de los seguros estatales destaca cómo un decreto presidencial puede abrir la puerta a un sistema de corrupción a gran escala. Las decisiones tomadas durante su gobierno no solo favorecieron a un círculo selecto de empresarios, sino que también dejaron al Estado en una posición vulnerable, donde la falta de controles facilitó el desvío de millones de pesos.
La comparecencia de Fernández el próximo 20 de noviembre ante la Justicia marcará un hito en esta investigación, que busca esclarecer el rol del expresidente en la estructura de direccionamiento de fondos públicos. La red de intermediarios, el uso de cooperativas y la falta de procedimientos transparentes siguen siendo los pilares de una causa que podría tener profundas implicaciones en el ámbito político y económico del país.