El asesinato de Santiago Delgado (27) en San José tomó un giro inesperado. La Justicia Federal investiga un posible caso de secuestro extorsivo en el que estarían involucrados policías que participaron en el operativo tras el crimen. Las víctimas de esta nueva causa serían tres parientes de un presunto narcotraficante del Barrio Oeste II, vinculado también a la interna de la barra brava de San Martín de Tucumán.
El homicidio de Delgado ocurrió el martes 12 de febrero en la esquina de Batalla de Salta y Alfredo Guzmán. Dos hombres en moto realizaron al menos cinco disparos, uno de los cuales hirió de muerte a la víctima. Gracias a las cámaras de seguridad, los sospechosos fueron identificados rápidamente: José Ignacio “Nacho” Villafañe (19) y un adolescente de 17 años, T.M.B.
La fiscalía, encabezada por Pedro Gallo y con la intervención de la auxiliar María José Agüero, solicitó la detención de ambos acusados por cuatro meses mientras se investiga el móvil del crimen. Una de las principales hipótesis apunta a una disputa territorial por la venta de drogas. Villafañe es primo de Santiago “Cara i Gota” Villafañe, un presunto cabecilla del narcomenudeo en la zona y actual referente de la barra brava de San Martín. El adolescente sería uno de sus principales “soldaditos”.
Sin embargo, dos semanas después del homicidio, surgió un nuevo hecho que sacudió la investigación. Tres familiares de Javier “Chuky” Casanova, un presunto rival de “Cara i Gota”, denunciaron haber sido privados ilegalmente de su libertad por efectivos policiales, quienes les exigieron $ 1 millón a cambio de no involucrar a Casanova en la causa. Entre las víctimas se encontraban dos mujeres y un joven con discapacidad auditiva.
Según la denuncia, los policías trasladaron a los tres familiares hasta la comisaría de San José y utilizaron sus celulares para enviarle mensajes a “Chuky” exigiendo el pago. También los habrían amenazado con encerrarlos en una celda junto a otros detenidos. Posteriormente, fueron llevados a la comisaría de Lomas de Tafí, donde se los obligó a participar en la filmación de un video que simulaba su llegada a la dependencia policial.
Lo que los presuntos extorsionadores no sabían era que Casanova había informado de la situación a su abogado, Nicolás Ruiz Belmonte, quien de inmediato alertó a la Justicia Federal. El fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz y el juez José Manuel Díaz Vélez ordenaron a la Policía Federal presentarse en la comisaría de Lomas de Tafí, donde se encontraban las víctimas, y dispusieron su inmediata liberación.
Ruiz Belmonte confirmó la denuncia y aseguró que las víctimas entregaron sus celulares como prueba, en los cuales quedaron registrados los mensajes y llamadas extorsivas. La Justicia Federal ordenó una custodia policial para proteger a los familiares de Casanova, aunque la medida solo se mantuvo por una semana.
“La familia Casanova está aterrada. No nos olvidemos que estamos denunciando a policías, quienes deberían ser los encargados de protegernos”, expresó el abogado. También aseguró que se presentarán todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y que este tipo de situaciones no pueden tolerarse en un estado de derecho.
Por su parte, la madre de “Chuky” Casanova ratificó la denuncia ante la Justicia y habría identificado a los policías que la privaron de su libertad. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que no estaban al tanto de la denuncia, pero que se iniciará un sumario administrativo para esclarecer los hechos y que colaborarán con la investigación.
En los registros policiales figura que las víctimas fueron demoradas por atentado y resistencia a la autoridad durante el operativo en el Barrio Oeste II, pero la Justicia Federal considera que hay indicios suficientes para investigar un posible secuestro extorsivo por parte de agentes de la fuerza. La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas.
Fuente: Contexto