Una abogada que se desempeña como empleada de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán fue imputada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por el presunto hurto de una billetera en una dependencia municipal y por realizar posteriormente compras con las tarjetas de débito y crédito que había en su interior. Tras una audiencia judicial, la mujer quedó con arresto domiciliario por el plazo de 30 días.
La investigación está vinculada a un hecho ocurrido el 18 de septiembre de 2026, cerca de las 10.30, en el Complejo Ledesma, ubicado en la intersección de calle 25 de Mayo y avenida Sarmiento, en San Miguel de Tucumán.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, la imputada se habría presentado en el edificio con la excusa de solicitar una entrevista con el director del área. Según la hipótesis investigativa, manifestó que quería tratar un supuesto traslado a la Dirección de Deportes.
Siempre según el planteo del MPF, mientras era atendida por personal del lugar, la mujer habría aprovechado un momento de descuido para apoderarse de una billetera que estaba guardada dentro de una mochila. El objeto contenía documentación personal, tarjetas de débito y crédito de distintas entidades bancarias y dinero en efectivo.
Luego de la sustracción, la billetera habría sido utilizada para realizar consumos no autorizados en diferentes comercios de la capital. La pesquisa detectó operaciones por $49.066,71 y $20.550, además de una compra de $23.000 en un local gastronómico y otra transacción por $50.605,54 en una farmacia perteneciente a una cadena comercial.
La Fiscalía sostiene que esos gastos provocaron un perjuicio patrimonial a la víctima, debido a la utilización ilegítima de los plásticos. Las medidas dispuestas buscan establecer con precisión el recorrido de las tarjetas, identificar los locales en los que se efectuaron las operaciones y reunir registros de cámaras de seguridad, comprobantes y demás elementos que permitan avanzar con la investigación.
Durante la audiencia correspondiente, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás solicitó que la acusada permanezca bajo prisión preventiva durante 30 días. La representante del MPF explicó que la medida era necesaria para resguardar las diligencias que aún están pendientes y evitar que la imputada pudiera entorpecer la producción de pruebas.
Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, el juez interviniente resolvió conceder el plazo cautelar requerido, aunque dispuso que la mujer lo cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.
De este modo, la letrada y empleada municipal continuará vinculada a la causa mientras el Ministerio Fiscal profundiza las medidas probatorias. La investigación buscará determinar las circunstancias en las que desapareció la billetera, la trazabilidad de los consumos cuestionados y la eventual responsabilidad penal de la imputada.