Pasan los días y nuevos indicios surgen en una investigación que nadie puede pronosticar hasta dónde llegará. En las últimas horas cobró fuerza que los investigados por la venta de terrenos de la Reserva Natural La Angostura podrían estar involucrados en una maniobra similar que se realizó en El Cadillal, otra de las villas turísticas en la que en los últimos tiempos hubo numerosos casos de usurpación de tierras fiscales.
Ese indicio surgió de los allanamientos realizados en las casas de cuatro de los seis investigados por la causa de El Mollar. Según confirmaron fuentes judiciales, encontraron una carpeta que tenía documentación similar a la que presentaron los compradores del “Loteo Gaucho Castro”.
En esa investigación, el fiscal Miguel Varela sospecha que una organización se habría encargado de conseguir información valiosa para determinar el terreno que se podría usurpar para iniciar un expediente de un proyecto inmobiliario. Antes de que se concrete su autorización, habrían comenzado a comercializarlo y recién ahí se habrían dedicado, a través de supuestos procedimientos irregulares, conseguir una serie de documentación que no tiene validez legal para convencer a los compradores que los papeles están en orden.En ambos casos hay un denominador común: la participación de personas que tienen o tuvieron algún vínculo con la subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat,
El Ministerio Público deberá resolver qué hacer con ese indicio. Una posibilidad es que Varela remita el expediente al Centro Judicial Capital, que es el que tiene jurisdicción en El Cadillal. La otra es que se unifiquen las causas al ser prácticamente los mismos ilícitos y los sospechosos son los mismos.
Avances
Pero esas no fueron las únicas novedades que surgieron a raíz del material secuestrado en los allanamientos realizados. Por ejemplo, el fiscal encontró una carpeta donde aparece un documento que serviría para demostrar que el titular del proyecto Juan Pablo Castro no era tan ajeno a la maniobra. Al parecer, el hombre de 85 años le habría cedido parcelas a Rafael Trujillo (el empleado de Regularización Dominial que fue suspendido en el cargo) y este podría haber hecho lo mismo con su nuera Yanina Mamaní, que es la firmó varios de los boletos de compraventa que presentaron los compradores en la Justicia.
Los policías que realizaron los allanamientos bajo las órdenes del comisario Marcos Goane y supervisados por los funcionarios judiciales Bernardo Sassi y Gabriela Ghiraldi, también reportaron un importante hallazgo en la casa del ex subsecretario de Regularización Dominial Fernando Rogel Chaler. Encontraron sellos suyos con el cargo que ocupaba y de la repartición. El investigado renunció a su cargo en diciembre de 2023.
Rogel Chaler quedó en la mira de los pesquisas porque su supuesta firma aparecía en una constancia entregada a Castro en la que se informaba que estaba tramitando la escrituración del terreno que pertenece a la Provincia. En una nota con LA GACETA, señaló que era totalmente ajeno y aseguró que la firma que aparece en un documento comprometedor no era la suya. También deslizó que no podía reconocer si el sello utilizado era el que se usaba en su organismo.
Estos son apenas los primeros detalles que surgieron de los elementos que fueron secuestrados el lunes. Todavía falta por analizar más material y los que se encontraron en los allanamientos realizados ayer en las viviendas de Maximiliano Barreiro (el otro empleado de Regularización Dominial que fue separado del cargo) y de Castro.
Un día más
Por una mera estrategia, el fiscal Varela decidió aplazar un día más el pedido de audiencia para acusar oficialmente a Castro, Trujillo, Ghaler, Mamaní, Barreiro y Damián Romano (nieto político del titular del proyecto) de al menos usurpación y estafa reiteradas. También resolverá si es que solicita que se le dicte la prisión preventiva a los investigados, planteo que deberá resolver el juez interviniente.
Lo que no está definido si agravará la acusación imputándoles el delito de asociación ilícita, pero puede hacerlo en otra audiencia. Sus colaboradores explicaron que el funcionario judicial espera reunir la mayor cantidad de pruebas para no fracasar en su intento y por su interés en analizar todo el material secuestrado .
Sí está definido que Varela solicitará la restitución provisoria de las tierras ocupadas. Ese es uno de los objetivos más importantes que se impuso la fiscal de Estado Gilda Pedicone.
No sólo aportó pruebas categóricas para demostrar que la titularidad dominial de los terrenos es de la Provincia, sino que además informó que la Dirección de Flora y Fauna será la encargada de custodiar el lugar. Esta es otra de las ventajas del código procesal penal. El Estado, si el juez acepta el pedido, recuperará en tres meses parte de una zona protegida, cuando tiempo atrás el trámite duraba años.
Fuente: La Gaceta