Mientras la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, presentaba una denuncia penal por usurpación en contra del titular del “Loteo Gaucho Castro”, LA GACETA recibía un video que podría complicar a Jorge Cruz, el delegado comunal de El Mollar. El funcionario aparece tratando de llevar tranquilidad a los compradores de las tierras asegurando que la Secretaría de Municipios y Comunas había autorizado la venta de terrenos del predio de la Reserva La Angostura, que pertenece a la Provincia. Esas palabras fueron suficientes para esclarecer parte de un caso que genera polémicas.
“Pedí que se hiciera una denuncia contra el responsable de este proyecto porque lucró con tierras fiscales”, aseguró el gobernador Osvaldo Jaldo. “Y si hay funcionarios que estuvieron implicados, tendrán que responder administrativamente y ante la Justicia. No vamos a permitir que nadie realice este tipo de maniobras. Vamos a defender la propiedad privada y pública con la Policía y la Justicia”, añadió con tono firme.
El Gobierno descubrió que desde 2020 se vendieron lotes que eran tierras fiscales. Comenzaron a averiguar y descubrieron que Juan Pablo Castro estaba comercializando los terrenos de la Reserva que supuestamente se le habían otorgado para el pastoreo de animales. Por un planteo judicial, la Provincia logró que una jueza, a través de una medida cautelar, suspendiera la venta de parcelas y las construcciones en las viviendas que se estaban edificando en ese lugar.
Nueva pista
Con la documentación que presentaron los compradores para demostrar que habían adquirido las parcelas de buena fe, los abogados de la Fiscalía de Estado lograron determinar que se trataba de un proyecto inmobiliario que había pasado por cuatro reparticiones del Estado, pero ninguna de ellas lo había autorizado.
Pero ahora surgió una quinta repartición: la Secretaría de Municipios y Comunas sólo aprobó un anteproyecto y nada más. “Ese documento sólo es un paso administrativo más, no la finalización del trámite que actualmente no existe”, aseguró Pedicone.
Ese dato revelador generó que todo se acelerara. Por ejemplo, la estrategia era que la demanda penal contra Castro se iniciara una vez que finalice la feria, pero Jaldo ordenó que se hiciera de manera inmediata. “No se puede perder más tiempo”, habría señalado molesto.
Polémica reunión
El plano del organismo fue utilizado por el comisionado Cruz para llevar tranquilidad a los compradores. Días después que se descubriera el caso, el funcionario citó a las personas que habían adquirido las tierras a una reunión. Uno de los asistentes decidió filmar la reunión para que quedara un registro de lo que ocurriría allí sin que el delegado se diera cuenta.
“¿No me están grabando?”, fue una de las primeras frases que emitió el funcionario. Luego explicó que Catastro y la Fiscalía de Estado decidieron hacer un relevamiento de la zona del perilago porque el legislador opositor Ricardo Bussi había subido un video a TikTok denunciando la usurpación de tierras fiscales en la Reserva de La Angostura.
“Tenemos el plano de la Secretaría de Municipios y Comunas que aprobó el proyecto. Ellos son los que articulan con Catastro. Para nosotros todo esto era normal”, les dijo. Ahora se descubrió que esa información no era la correcta.
Ese no es el único indicio que existe en contra de Cruz. Los compradores consultados no sólo dijeron que en la comuna le habían confirmado que el loteo era legal, sino que informaron que hasta el mismo comisionado habría adquirido dos propiedades que podría haberlas vendido con el paso del tiempo.
Sí está confirmado que el funcionario firmó la nota en la que se otorga la factibilidad del servicio de agua potable para el loteo. Pero está fechada en agosto de 2023, es decir tres años después de que se concretara la supuesta aprobación del proyecto. Las normas vigentes establecen que ese trámite debe cumplirse para que se autorice el proyecto. El delegado no respondió las llamadas ni los mensajes de LA GACETA para que diera su versión de los hechos. Cruz no sería el único funcionario investigado. En las últimas horas, las miradas comenzaron a enfocar a Fernando Chaler, titular de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat. Él firmó la nota en la que Castro estaba realizando los trámites de escrituración de las tierras que estaba comercializando para ser presentada en EDET. También dejaba aclarado que era personal e intransferible, según un expediente iniciado en 2008.
El futuro
¿Qué pasará ahora? Una fiscalía del Centro Judicial Monteros deberá comenzar con la investigación del caso. El único señalado es Castro, ya que él aparece como titular del proyecto inmobiliario. Se trata de un hombre de unos 85 años que no usa celular y que probablemente, no tenga los estudios primarios completos.
De esa investigación podrían surgir otros nombres, entre ellos de funcionarios y empleados estatales que habrían tenido alguna participación en el caso. “Hemos recibido instrucciones del gobernador Jaldo de ir hasta el fondo. Sin importar de quién se trate”, sentenció Pedicone.
También resta saber qué sucederá con las personas que compraron los terrenos de la Reserva. “Los documentos que nos presentaron sirvieron para armar el mapa de lo que ocurrió en este caso. Sin embargo, ninguno de ellos sirven para probar que adquirieron un terreno que estaba escriturado. En otras palabras, no pueden demostrar su titularidad”, cerró Pedicone.
Hasta el momento la Provincia no decidió qué hacer con ellos. La Fiscalía de Estado tendría la potestad para exigir que sean desalojados, pero buscarían evitar llegar a una situación extrema. Los damnificados, hasta el fin de semana, estaban decididos a no denunciar a los vendedores, porque creían que tenían todos los papeles en regla. Pero ahora que surgieron varios indicios de que esa no es la realidad, habrá que ver qué postura tomarán.
Fuente: La Gaceta