Irán ejecutó públicamente el lunes a un segundo condenado por su participación en las protestas que sacuden el país desde septiembre y a pesar de la indignación internacional por aplicar la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones
Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad, al noreste, acusado de matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad.
Imágenes emitidas en el canal de televisión estatal mostraban a un hombre que perseguía a otro y daba la vuelta a una esquina, después se alzaba sobre él y lo apuñalaba cuando el otro había caído contra una motocicleta estacionada. Otro video mostraba al mismo hombre apuñalando a otra persona a continuación. El agresor, que según ese medio era Rahnavard, huía corriendo.
La particularidad de esta ejecución fue que el joven fue ahorcado en público y no dentro de la prisión, informó Mizan Online, la agencia de información de la judicatura.
Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas, tras el ahorcamiento el jueves de Mohsen Shekari, un joven de 23 años condenado por atacar y herir a un paramilitar.
Mizan Online también publicó imágenes de la ejecución de Rahnavard, en las que se ve a un hombre con las manos atadas a la espalda colgando de una cuerda atada a una grúa.
“Escalada significativa”
“La ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes”, declaró a la AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
“Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte sobre la base de una confesión coaccionada, tras un juicio manifiestamente injusto y un juicio espectáculo”, añadió.
La ejecución del lunes es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país.
Desde su creación en 1979, la República Islámica de Irán se ha visto sacudida por varias olas de protestas pero esta crisis no tiene precedentes por su duración, por el hecho de que ocurre en varias provincias, implica diferentes grupos étnicos y clases sociales e incluye los llamamientos directos al fin del régimen.
El poder judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora 11 condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de “disturbios”. Pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.
Además, al menos 488 personas han muerto desde el inicio de las violentas protestas, según Activistas de Derechos Humanos en Irán, un grupo que monitorea las manifestaciones. Otras 18.200 personas han sido detenidas por las autoridades.
“Juicios ficticios”
“Sin debido proceso. Juicios ficticios. Así es como quieren detener las protestas en todo el país”, dijo Omid Memarian, analista sobre Irán de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWIN).
Rahnavard, de 23 años, fue detenido el 19 de noviembre cuando intentaba huir del país, según Mizan.
Según Amnistía Internacional, Mahan Sadrat, de 22 años, condenado a muerte tras un juicio sumario e “injusto” el 3 de noviembre, fue trasladado el sábado a la prisión de Rajai Shahr, en Karaj, cerca de Teherán, “lo que hace temer una ejecución inminente”.
Fue declarado culpable de sacar un cuchillo durante las protestas, lo que negó rotundamente ante el tribunal.
Amnistía también advirtió de que la vida de otro joven, Sahand Nourmohammadzadeh, corre peligro tras ser condenado a muerte el 6 de noviembre por “demoler las barandas de una autopista y quemar contenedores de basura y neumáticos”.
Entre otros condenados a la misma pena se encuentra el rapero Saman Seyedi, de 24 años, de la minoría kurda de Irán. Otro rapero, Toomaj Salehi, que apoyó las protestas contra el régimen, está acusado de “corrupción en la tierra” y podría ser condenado a muerte, confirmaron el mes pasado las autoridades judiciales iraníes.
La semana pasada, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido condenaron la ejecución de Shekari, y la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, denunció un “desprecio sin límites por la vida humana”.
El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo haber hablado con el ministro iraní de Exteriores sobre la respuesta iraní a las protestas y la nueva ejecución, y que no había sido “una conversación fácil”.
“Vamos a aprobar un paquete de sanciones muy, muy duro”, dijo Borrell a la prensa a su llegada para presidir la reunión de cancilleres en Bruselas.
Pero activistas de derechos humanos y ONGs piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas.