El gobernador Osvaldo Jaldo echó a través de un decreto de necesidad y urgencia este miércoles al delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, sospechado de haber integrado el grupo que habría tomado tierras en la Reserva de La Angostura para comercializarlas.
Jaldo tomó la decisión esta tarde, a poco de regresar en un avión de línea desde Buenos Aires, donde mantuvo reuniones con ministros del Gobierno nacional.
Hasta tanto se resuelva el caso, asumirá interinamente el subdelegado Ramón Pacífico Avila, quien será puesto en funciones este jueves por el ministro del Interior, Darío Monteros.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros no avalamos a nadie y pedimos que la Justicia vaya a fondo, sea con las personas que han accedido, con funcionarios de gestiones anteriores y actuales. Que se esclarezca y que les caiga todo el peso de la ley”, declaró Jaldo.
El Decreto de Necesidad y Urgencia N°2/10 lleva las firmas de los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Economía y Producción, Daniel Abad; de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; de Educación, Susana Montaldo; de Interior, Darío Monteros; de Desarrollo Social, Federico Masso; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur; y por el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur.
La usurpación de tierras de la Reserva La Angostura para luego comercializarlas, llevó a la realización de allanamientos a la sede comunal y a la casa paterna del funcionario, donde se secuestró valiosa documentación que complicaría su situación procesal.
En octubre, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando la zona protegida. La Policía derribó varios cercados y la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, comenzó a actuar judicialmente. Primero logró que una Jueza dictara una medida de no innovar, para evitar nuevas ventas y que se siguiera construyendo en el lugar. Luego presentó una denuncia penal contra el titular del proyecto inmobiliario, Juan Pablo Castro, y contra cualquier otra persona que surgiera por los delitos de usurpación y estafas reiteradas. Por último, en un fallo sin precedentes, el representante de la Fiscalía de Estado, José María Molina, con el apoyo del Ministerio Público Fiscal, logró que un Juez restituyera de manera provisoria las tierras a la Provincia.
La investigación, que llevó a cabo el Fiscal Miguel Varela, tuvo ribetes escandalosos. Según su teoría, se encontró frente a una organización con roles y tareas definidas, que tiene origen en la ex Subsecretaria de Regularización Dominial y de Hábitat de la provincia -disuelta hace una semana-, y cuyo objeto eran los negocios inmobiliarios, principalmente la venta de terrenos fiscales. Sostuvo, además, que Castro, Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo -ex titular y empleados de Regularización Dominial, respectivamente-, Yanina Mamaní -nuera del último empleado estatal- y Damián Romano -nieto político de Castro-, mediante engaños procedieron a privar de la posesión a la Provincia, quien detenta la titularidad del inmueble, que no sólo es un terreno fiscal, sino un área protegida.
El Juez, que dispuso la reposición de las tierras, le pidió al Ministerio Público que avanzara con la investigación contra el Delegado Comunal Jorge Cruz. “Conforme las evidencias probatorias que fueron expuestas, el señor Delegado Comunal de El Mollar no sería ajeno, por comisión u omisión, a los presentes ilícitos, ya que en su cargo tiene la obligación de controlar todo lo referente a la urbanización de la comuna a su cargo, y especialmente, lo referente a planos de mensura, división y loteo”, aseguró. “Máxime considerando que, conforme las evidencias mencionadas, el delegado comunal habría recibido pago en terrenos por hacer, nada más y nada menos, que lo que es una de sus obligaciones funcionales”, añadió.
En el expediente aparecen numerosos indicios en contra del funcionario.
El Fiscal Varela solicitó a través de un oficio que le informara qué personas estaban detrás del proyecto. Cruz respondió que en la comuna no se había iniciado ni existía ningún expediente sobre el “Loteo Gaucho Castro”. Esas afirmaciones pusieron en jaque al comisionado. En un allanamiento realizado por la Policía, dirigido por el auxiliar Bernardo Sassi, dirigido por Mónica García (la fiscala natural de la causa al terminar la feria) se encontraron importantes documentación del proyecto inmobiliario. Esos papeles no sólo destruyeron su estrategia defensiva, sino también su futuro político. Varias fuentes de Casa de Gobierno confirmaron que su desplazamiento del cargo es inminente.
Varela habló de una especie de “inmobiliaria” paralela que se encargaba de encontrar oportunidades para comercializar terrenos fiscales.
Fuente: Contexto