El gobierno provincial rescindió un millonario contrato que mantenía la Dirección General de Rentas (DGR) con la empresa Servicios Privados Postales SA, para cubrir el servicio postal puerta a puerta en delegaciones de Capital Federal y Concepción.
A través del decreto 3282/ 2024, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, se explicó que la ruptura contractual obedeció a un “incumplimiento injustificado” por parte de esa firma, que está vinculada a la actual legisladora provincial y exfuncionaria manzurista Carolina Vargas Aignasse y su pareja, Martín Miguel Salas.
Según el instrumento, en agosto de 2022, durante el gobierno de Juan Manzur, la DGR contrató los servicios de esa empresa para un servicio puerta a puerta (bolsín mensual) para las delegaciones de Capital Federal y la ciudad de Concepción, que consistía en dos viajes semanales a ambos destinos, ida y vuelta, con un bulto de hasta 5 kilos de peso por tramo, “por el término de 24 meses y por la suma de $ 2.715.024”. El contrato establecía, en su cláusula novena, una vigencia desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2024.
No obstante, el 10 de enero de este año, la empresa proveedora presentó una nota solicitando una modificación del precio del contrato, en razón de la gran variación sufrida en sus costos operativos durante el período comprendido entre septiembre de 2022 y enero de 2024, especialmente en el valor del combustible, tanto para transportes terrestres como aéreos.
Con el argumento de que los valores superaron toda proyección de costos efectuada anteriormente le ocasionó una pérdida de dinero, la firma presentó “una propuesta de actualización de la tarifa mensual a partir del 1° de febrero del año en curso de $ 431.794 para el servicio de bolsín mensual (es decir, cada viaje ida y vuelta) a Capital Federal y de $ 190.399 para el servicio de bolsín mensual a Concepción”. El Departamento Técnico Legal de la DGR consideró que era viable aprobar el ajuste tarifario solicitado.
Sin embargo, al mes siguiente, el 27 de febrero de 2024, la empresa Servicios Privados Postales SA presentó una nueva propuesta de actualización de la tarifa mensual de $ 729.600 para el servicio de bolsín a Capital Federal (dos veces por semana ida y vuelta), y de $ 396.000 para el servicio de bolsín mensual (cinco veces por semana ida y vuelta) a Concepción. La firma, solicito que esa tarifa quede sujeta a variaciones mensuales según índice oficial de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos y advirtió que, en caso de ser rechazada su oferta, solicitaría la recisión del contrato y discontinuaría los servicios a partir del 19 de marzo del corriente.
El pasado 18 de abril se notificó a la empresa de la legisladora Vargas Aignasse y su marido que la actualización del precio del contrato es inconveniente, teniendo en cuenta las comparaciones realizadas con otras cotizaciones obtenidas. En consecuencia, la DGR solicitó “dar por rescindido el contrato suscripto con la prestadora, teniendo en cuenta la interrupción del servicio resuelta unilateralmente a partir del 19 de marzo”. Por esa razón, la repartición decidió realizar una contratación directa con la firma postal OCA LOG S.A., “para satisfacer las necesidades del organismo atento al carácter indispensable del aludido servicio y hasta tanto se resuelva el procedimiento licitatorio”.
El decreto firmado por el gobernador Jaldo indica que “por todo lo expuesto y del análisis efectuado a las presentes actuaciones, surge que existen motivos suficientes que habilitan la rescisión del contrato de servicio”. Además, evalúa que “la ruptura del equilibrio financiero del contrato invocada por la contratista, como argumento para la interrupción unilateral de la prestación del servicio contratado, cabe resaltar que no es válida su mera alegación sin la debida acreditación de tal circunstancia”. En el mismo sentido, el instrumento señala que “tal quebrantamiento no fue probado y no adjuntó la documentación respaldatoria de ese desfasaje económico”.
En definitiva, el decreto por el cual se decidió la rescisión contractual advierte que “los incumplimientos de las obligaciones a cargo de la firma Servicios Privados Postales SA, permiten encuadrar la rescisión del contrato de servicio por culpa de la adjudicataria, en las causales establecidas en el artículo 58°, inciso 1) y 115° del citado Reglamento de Compras y Contrataciones, como así también en el artículo 12° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares”.
Por último, el decreto de Jaldo, que fue refrendado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, autoriza a la DGR “a aplicar las sanciones pertinentes” a la empresa. /Tendencia de Noticias