La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se enfrenta a una denuncia penal por presunta violación de la ley de control de fondos políticos, un nuevo golpe que se suma al extenso escándalo que rodea al gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).
La denuncia fue presentada por Hiroshi Kamiwaki, profesor de derecho constitucional en la Universidad Kobe Gakuin, alegando que la sección local del PLD en la prefectura de Nara, representada por Takaichi, recibió una donación corporativa que superó el máximo legal permitido, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Infracción al límite de fondos
Según la denuncia, la sección del PLD de Takaichi recibió en agosto de 2024 una donación de 10 millones de yenes (unos 64.400 dólares estadounidenses). Esta cantidad excede el límite de 7.5 millones de yenes establecido por la ley para un donante de ese tamaño.
La situación no es aislada. El profesor Kamiwaki también presentó una denuncia separada el miércoles contra el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, cuya sección del PLD en la prefectura de Kanagawa habría incurrido en una infracción similar al recibir 10 millones de yenes, superando también el tope legal.
El contexto del escándalo de fondos ilícitos del PLD
Estos nuevos casos se integran en una crisis de ética política de mayor envergadura que afecta al PLD desde 2023. El escándalo original implicó a varias facciones del partido que supuestamente operaban esquemas de «fondos no registrados».
En aquel esquema, los legisladores vendían entradas a eventos de recaudación de fondos por encima de sus cuotas asignadas. El dinero excedente no era registrado como ingreso oficial en los informes de fondos políticos y luego era desviado a los propios legisladores como sobornos, creando así una caja B.
La posición de la primera ministra Takaichi se complica aún más: siete de los altos funcionarios que ella nombró tras asumir el cargo en octubre han sido vinculados al escándalo de fondos ilícitos del PLD. Los críticos señalan que la postura ambigua de la jefa de gobierno sobre esta crisis sugiere una escasa voluntad de impulsar reformas fundamentales en el sistema de financiación del partido.