No hay ley ni fallo judicial que impida al presidente Javier Milei ni a su ministro de Economía, Luis Caputo, insistir en su férrea decisión de profundizar a toda velocidad su ajuste al área de Discapacidad. Mientras el gobierno libertario insiste en no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad y se niega a actualizar retroactivamente los montos de las prestaciones y pensiones después de hacerlas congelado durante más de un año, sí resolvió actualizar en apenas un 2,1% los montos incluidos en el nomenclador siguiendo la inflación. En paralelo impulsa un proyecto de ley para eliminar el nomenclador.
La Resolución 1297/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, actualiza los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El aumento del 2,10% para junio va en línea con la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en mayo.
La magra suba alcanza a todas las prestaciones incluidas dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
Así, la actualización impacta sobre los valores oficiales que perciben transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares, instituciones educativas, servicios de rehabilitación y distintos profesionales que trabajan dentro del sistema.
Además, la resolución ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en provincias patagónicas, un plus que ya se encontraba vigente en el nomenclador nacional.
El nomenclador, que el gobierno libertario apuesta ahora a eliminar, es la herramienta clave que fija los valores de referencia que deben abonar obras sociales, empresas de medicina prepaga, organismos estatales y otros financiadores del sistema por cada prestación vinculada a discapacidad. Sin nomenclador nacional, los pacientes quedan a merced de los prestadores de salud que podrán definir los montos que pagan por cada servicio,
La decisión llega en medio de los reiterados reclamos de prestadores y familias vinculadas al sector, que desde hace meses advierten sobre el atraso de los aranceles frente al aumento de costos operativos, salarios y transporte.