El gobierno de Javier Milei avanza en la desregulación de la economía y eliminó este martes 16 resoluciones y disposiciones que guiaban la actividad en distintos sectores productivos. Así quedó plasmado en la Resolución 12/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Comercio e Industria de la Nación, Pablo Agustín Lavigne.
De acuerdo con el gobierno libertario de se tratan de regulaciones «obsoletas» sin embargo muchas de ellas son clave para los consumidores que quedarán ahora librados a la voluntad de las empresas de manejarse sin marco normativo que las limite. Por caso, se eliminó la obligación que pesaba sobre los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
El listado de normas derogadas abarca resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías, las cuales “resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad”, explicaron.
El Gobierno explicó que «en su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”.
Entre las medidas derogadas ahora se encuentran:
Las principales resoluciones con sus modificatorias, son:
.Las resoluciones que regulaban el control de precios de determinados productos.
.Las disposiciones vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
.Se eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
.Se eliminaron programas de fomento al consumo.
.Se eliminaron las resoluciones ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
.Se eliminaron procedimientos de autorización para la importación de mercancías.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.
Y señala que la medida está orientada a “ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales” y que afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.