El Gobierno mantuvo al menos una reunión con dos enviados de Burford Capital y le cerró la puerta a una negociación para pagarle por la estatización de YPF, caso judicial en el que la Argentina enfrenta una sentencia en contra por 16.100 millones de dólares más intereses que suman unos US$ 2 millones por día desde septiembre de 2023.
El encuentro fue en la Casa Rosada el 30 de octubre del 2024 entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ex ejecutivos bancarios Gerardo Mato y Hernán Rissola, según consta en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses. Se trata de un documento en el que se inscriben las reuniones entre funcionarios públicos de alto rango cuando se discuten temas de interés para el país en sede oficial.
Consultados por Clarín, en la Jefatura de Gabinete aclararon que la reunión «se realizó en virtud de una solicitud de audiencia efectuada por Mato y Rissola, con el objetivo de presentarse y tomar contacto institucional» con Francos.
En el despacho próximo al presidente Javier Milei, el de mayor volumen político, señalaron que el encuentro no fue gestionado para hablar del juicio en Nueva York, Estados Unidos, sino para «dialogar sobre distintos temas de la situación económica y política del país».
En ese contexto, Mato y Rissola, a quienes el fondo Burford Capital les encargó la misión de negociar para conseguir que la Argentina le pague, «manifestaron su interés por la situación judicial» respecto al caso YPF.
«Ante dicha consulta, el jefe de Gabinete explicó que la causa se encuentra bajo la órbita de la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo competente en la materia. Asimismo, aclaró que, tratándose de un juicio en trámite y con varias instancias pendientes, no había ninguna posibilidad de avanzar en ningún tipo de negociación«, indicaron fuentes oficiales.
El caso de la estatización del 51% de YPF
En ese sentido, el Gobierno mantiene una línea que viene de las anteriores administraciones: pese a su postura ideológica y su cosmovisión de la economía contraria al kirchnerismo -que ejecutó la estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012, de la mano del ahora gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof-, los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) continúan defendiendo la «decisión soberana» del Estado y plantean que la Constitución Nacional está por sobre el estatuto de YPF -que es lo juzgado en Nueva York por Loretta Preska-.
Además, y tal como es el deber de los funcionarios públicos, el Estado seguirá apelando hasta la última instancia la sentencia en contra de Preska, en la búsqueda de revertir el sentido del fallo o minimizar todo lo posible el monto a pagar. Si un funcionario firma un acuerdo extrajudicial que cierre el caso, eventualmente podría afrontar denuncias penales por no agotar todas las instancias de apelación.
Los US$ 16.100 millones más intereses resultan un dinero inabordable para la situación económica de la Argentina, que solamente se podrían pagar a largo plazo con bonos.
Como el Estado se negó desde septiembre de 2023 a constituir una garantía en Nueva York, la jueza Preska ordenó el 30 de junio pasado que la Argentina transfiera su 51% de acciones en YPF en un plazo de dos semanas para saldar esa deuda.
Pese a que la posibilidad de ejecución de la sentencia -que todavía no está en suspenso, aunque podría haber novedades en este sentido el lunes 14-, representa un importante riesgo para las finanzas del país, en el Ministerio de Economía respondieron a Clarín que «no existió ninguna reunión» entre los representantes de Burford Capital y el ministro Luis Caputo ni con su mano derecha, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
La estrategia de Burford con el caso YPF
Los enviados de Burford Capital, «Gerry» Mato y Rissola, son dos ex ejecutivos top del HSBC, los famosos «lobos de Wall Street«. Ambos, junto a Tomás Gaona, fueron contratados a mediados de 2024 por el bufete de abogados para hacer lobby en Buenos Aires y Nueva York con el objetivo de sentar a la Argentina a negociar.
Burford, cuyo dueño es Christopher Bogart, cotiza en la bolsa de Londres (LON: BUR) y conoce que el Estado no le puede pagar los US$ 16.100 millones que le corresponden por la sentencia de Preska. Incluso, en sus estados contables no registra ese valor como un activo, y está dispuesto a que la República le pague un monto mucho menor, pero pronto.
Según consta en el balance de Burford Capital, que compró en España durante 2015 por US$ 15 millones los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (ambas de la familia Eskenazi, que declaró a estos vehículos en quiebra) y Eton Park, el fondo valuaba contablemente al final del primer trimestre de 2025 su participación en las sentencias de Preska en unos 1.538 millones de dólares. Eso no significa que sea el monto a pagar por el Estado a Burford.
Además, la Argentina, por no respetar el estatuto de YPF de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al 49% de los accionistas privados restantes en 2012, debería pagar todas las deudas que dejaron los Eskenazi con la petrolera española Repsol y con los bancos que financiaron su ingreso. Ese valor asciende a hoy a más de US$ 2.100 millones.
Los Eskenazi recién podrían llegar a cobrar dinero del juicio si el monto final que pague el Estado alcanza para saldar las deudas pendientes y remunerar a Burford por sus gestiones judiciales.
Fuente: Clarín