El Gobierno le pedirá a la Justicia de los Estados Unidos suspender la orden que exige la entrega de chats y mails de Luis Caputo y Sergio Massa en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Según pudo saber TN, el Ejecutivo hará una presentación ante la jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, para poner en pausa la directiva hasta que se resuelva la apelación de los detalles del discovery.
La Procuración General del Tesoro -que preside Santiago Castro Videla– ya presentó un recurso para frenar la medida ante la Corte de Apelaciones el 26 de septiembre. Preska insistió con la orden en una audiencia que mantuvo este viernes junto a representantes de la Argentina y de los fondos demandantes.
La magistrada fijó el 30 de octubre como fecha límite para su cumplimiento y sostuvo que la falta podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato. Se trata de la principal preocupación de los equipos legales del oficialismo, que apunta a evitar quedar en incumplimiento para no acumular multas.
Los demandantes -que ya consiguieron una sentencia a su favor por US$16.100 millones y un fallo para cobrar con parte de las acciones de YPF- piden información que confirme que la petrolera y la Argentina “son lo mismo”, con la intención de identificar activos y embargarlos. La orden del equipo jurídico del oficialismo es cerrar cualquier canal que pueda facilitar esa búsqueda de información.
En la Casa Rosada mantienen la postura de que “de ninguna forma” van a entregar información privada de integrantes de la gestión y de exfuncionarios. La mesa judicial del oficialismo insiste en que Preska se “excedió en su jurisdicción” al ordenar la entrega del material junto con los datos sobre activos argentinos.
En Balcarce 50 aseguran que no se brindará ningún tipo de garantía mientras esté firme el proceso de apelación formal del fallo que ordenó ejecutar la transferencia de las acciones. En el oficialismo aseguran además que no negociarán con los fondos en encuentros privados, por afuera de los estratos judiciales.
El Gobierno se prepara además para la audiencia oral que fijó la Corte de Apelaciones por la sentencia de fondo, que tendrá lugar luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Nación le avisó a la Justicia de Estados Unidos que apelará ante la Corte Suprema en caso de que rechacen su argumentación.
El Ejecutivo celebró a principios de octubre el respaldo de un grupo de países en la apelación en EE.UU. para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera. La defensa presentó además cuatro argumentos centrales ante la Corte de Apelaciones: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea del derecho de Nueva York, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas y violación del derecho argentino e internacional.