El juicio por la expropiación de YPF sumó este lunes un nuevo capítulo. La jueza Loretta Preska rechazó la solicitud de la Argentina para suspender la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera y el Ejecutivo trabaja contra reloj para no entregar los títulos que están en manos del Estado.
Hace dos semanas, Preska le ordenó a la Argentina girar a los fondos Burford y Eton Park las acciones como parte de pago de la sentencia por US$16.100 millones por la expropiación de YPF. Acto seguido, la Procuración del Tesoro pidió para suspender esa decisión y luego apeló ante la Corte de Apelaciones.
Ahora, la magistrada denegó la presentación y cuestionó con dureza a la Argentina. “La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales. Continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente, el cual permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República”, expuso. Y criticó que en enero de 2024, el Estado debería haber presentado una garantía para evitar los embargos.
A raíz de esto se abren para la Argentina dos escenarios posibles. La cámara de segunda instancia podría decidir si rechaza la transferencia de las acciones o si le concede a la Argentina una “suspensión temporal” de esa medida hasta que se conozca la determinación definitiva.
Quien sigue el caso por parte del Estado argentino es el subprocurador del Tesoro , Juan Ignacio Stampalija, que se encuentra en Nueva York. “Ahora vamos a ir a la Cámara de Apelaciones no solo para que deje sin efecto la decisión de entrega de las acciones, sino también, para que en lo inmediato quede suspendida la decisión de la jueza hasta que la Cámara decida y se pronuncie sobre la apelación de la Argentina respecto de la entrega de las acciones”, señaló en diálogo con TN Central.
Cómo sigue el juicio por la expropiación de YPF
La decisión de la Cámara de Apelaciones sobre la entrega del paquete accionario de YPF no tiene fecha definida, por lo que la preocupación del Ejecutivo se agudiza.
La tensión, en realidad, se explica en que el jueves se cumple el plazo que impuso Preska para ejecutar la transferencia de los títulos de la petrolera. “El 17 de julio es la fecha límite para entregar acciones de YPF. De no hacerlo, puede haber pedido de desacato (no es seguro esto aún)”, describió el especialista de Latam Advisors, Sebastián Maril.
La última vez que la Argentina entró en desacato fue en 2014, cuando el juez Thomas Griesa consideró que la Argentina incumplió la sentencia por la que debía pagarle US$1300 millones a un grupo de fondos buitre que no aceptaron los canjes de deuda pública de 2005 y 2010.
En paralelo, además, Preska convocó a las partes a una audiencia este martes para destrabar el conflicto por la entrega de información relacionada con el “alter ego” de YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central (BCRA). Los beneficiarios del fallo buscan embargar activos de esas entidades, bajo el argumento de que “son lo mismo que la República”.
El contexto del juicio por la expropiación de YPF
.El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.
.Ese fallo benefició a Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueña del 25% de YPF al momento de la expropiación.
.El reclamo se basó en que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
.Desde el fallo de fines de 2023, la Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión.
.Entre ellas, el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que tiene fallo favorable de Preska y apelación en marcha por parte de la Argentina, y que ya abrió el camino a otros acreedores del país para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera.
.El presidente Javier Milei dijo la semana pasada: “El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.