La jueza de Nueva York Loretta Preska anunció que este lunes 14 decidirá si le otorga a la Argentina la suspensión de la entrega de las acciones de YPF para pagar la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
La magistrada comunicó por escrito a la Argentina y los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que decisión sobre el pedido argentino para que suspenda la entrega de acciones -y por ende las posibles sanciones al país por incumplimiento- mientras se sustenta la apelación.
Además, les dio a las partes “tres días adicionales” para ir a la Corte de Apelaciones, algo que la Argentina ya hizo este jueves al adelantarse a lo que esperan sea un fallo adverso de Preska.
El lunes, la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York, Preska no va a definir si cancela o revierte la orden que dio el 30 de junio, sino que va a decidir si suspende o no la entrega de las acciones mientras la Argentina apela, aclaró Sebastian Maril, de Latam Advisors.
“Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela”, explicó el analista, que sigue al detalle los juicios contra el país en el exterior.
El anuncio de Preska se produjo al final de un día cargado de novedades en el caso por la expropiación de YPF. En primer término, la Argentina se adelantó a la definición de la jueza de primera instancia y apeló la orden de entregar acciones ante un tribunal superior de Nueva York.
Luego, la magistrada convocó a las partes a una audiencia el martes 15 para destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el “alter ego” de YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central (BCRA). Los beneficiarios del fallo buscan embargar activos de esas entidades, bajo el argumento de que “son lo mismo que la República”.
Además, los abogados de la Argentina le informaron de manera formal a Preska que ya concurrieron a la Corte de Apelaciones y que si ella llegase a otorgar esa suspensión, el país informará al tribunal superior que la jurisdicción continuará en la corte de la jueza de primera instancia.
Los argumentos que la Argentina para evitar la entrega de las acciones de YPF
El Gobierno mantiene la postura de que la orden de Preska viola la ley de expropiación de YPF y manifiesta que cualquier traspaso de la participación estatal requiere aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios.
Además, considera que el traspaso accionario conlleva efectos irreversibles a raíz de que los demandantes ya aclararon su intención de vender esos títulos una vez que los reciban, lo que impediría retroceder incluso si el país se impusiera en la apelación.
En los escritos presentados en los tribunales norteamericanos, advierte además que el país sufrirá un “daño irreparable a su soberanía” si no se suspende la orden de entrega mientras se resuelve la apelación. También sostiene que se verá forzado a elegir entre ”cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos”.
El contexto del juicio por YPF
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.
Ese fallo benefició a Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de YPF al momento de la expropiación.
El reclamo se basó en que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
Ante la jueza Preska, la Argentina argumentó que los cambios accionarios en YPF deben ser autorizados por el Congreso. (Foto: YPF)
Desde el fallo de fines de 2023, la Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión.
Entre ellas, el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que tiene fallo favorable de Preska y apelación en marcha por parte de la Argentina, y que ya abrió el camino a otros acreedores del país para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera.
El presidente Javier Milei dijo este miércoles que “el fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.