En las últimas horas, el Gobierno celebró eufóricamente el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspendió la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino, según había ordenado la juez neoyorkina Loretta Preska.
Para los observadores afines al oficialismo, se trata de un “respiro” que brinda cierta “tranquilidad” temporaria a las tensiones económico-financieras que atraviesa la gestión encabezada por Javier Milei.
El nuevo fallo es positivo en el contexto de la volatilidad financiera y política local. Al mismo tiempo, el oficialismo utiliza y seguirá utilizando durante la campaña electoral, sobre todo para endilgar al kirchnerismo en general y a Axel Kicillof la responsabilidad del entuerto.
Se trata de un fallo que otorga tiempo al oficialismo, tiempo vital que llega más allá de las elecciones de este año, ya que puede sostener su apelación hasta mediados de 2026 sin ofrecer garantías.
De ahí en adelante y si la cuestión de fondo es resuelta en los tribunales de Nueva York contra la Argentina, para Milei y Luis Caputo no habrá otra opción que sentarse a negociar con los fondos litigantes, encabezados por Burford Capital, lo que implicaría desembolsos que podrían ir de cientos a miles de millones de dólares.
Los próximos pasos en el juicio por las acciones de YPF
En lo inmediato, los próximos pasos en el conflictivo caso corresponden al año en curso: el 25 de septiembre nuestro deberá presentar su primer escrito para defenderse de aquel fallo de primera instancia que en 2023 firmó Preska.
La otra fecha clave será el 27 de octubre, lunes posterior a las elecciones nacionales de medio cuando, cuando se llevará a cabo la audiencia oral en la que la Argentina tendrá que argumentar en contra del fallo que obliga al país a indemnizar con U$S16.100 millones a los accionistas minoritarios al momento de la estatización.
Como se sabe, fue durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner que el Congreso aprobó la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del 51% de las acciones de YPF, con el objetivo de retomar el control de la compañía.
Para entonces, Repsol contaba con el 57% de la empresa, y la nacionalización terminó de confirmarse en 2014, cuando el consejo de la empresa española aceptó la oferta del Gobierno de S$S5.000 millones como indemnización por la expropiación de la petrolera de bandera.