Este martes 12 será otro día clave en la historia del juicio por la estatización del 51% de YPF. Es que la Corte de Apelaciones de Nueva York, Estados Unidos, resolverá si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, o si obliga a la Argentina a depositar ese activo u otros.
¿Qué es lo que va a pasar? La respuesta tiene tres posibilidades. Una de ellas es que se le conceda a la Argentina que continúe la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determinó en junio pasado que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.
Otra respuesta de la Corte puede ser que niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecución de las acciones. El financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará ese pago, como acto de buena fe.
La tercera posibilidad es que la Corte conceda la medida en suspenso, pero que entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.
Si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos. Una opción es llegar a un acuerdo con los acreedores. La otra es no cumplir. Si esto último sucede, la Argentina corre riesgo de entrar en desacato, cuyas consecuencias pueden ser el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), intervenir para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.
Por qué no hay acuerdo con Burford por YPF
Si bien en el Gobierno prefieren no hablar del tema, fuentes allegadas a las negociaciones y exfuncionarios coinciden en que “negociar un acuerdo antes de la última instancia judicial puede comprometer judicialmente a futuro al funcionario de turno que firme el acuerdo”.
Por otro lado, según una encuesta de Poliarquía Consultores, el 65% de la población cree que el Gobierno debería negociar un acuerdo con los acreedores y una reducción del pago. Por su parte, uno de cada cuatro argentinos cree que el Gobierno debería desconocer el fallo. Continuar el proceso judicial vía apelaciones o pagar la sentencia actual son opciones apoyadas por solo el 5%.
Las diferencias por afinidad política son marcadas: mientras que el 54 % de los votantes kirchneristas sostiene que se debe rechazar o desconocer el fallo, la opción de negociar es claramente mayoritaria entre quienes votaron a Juntos por el Cambio (83%) y La Libertad Avanza (79%).
La forma de pago considerada más adecuada en caso de que la Argentina decida cumplir con la sentencia original o alcance un acuerdo con los acreedores es la emisión de bonos por parte del Estado argentino (37%). En segundo lugar se menciona el pago con acciones de YPF (16%) y, en tercer lugar, la entrega de instrumentos de inversión en Vaca Muerta o empresas estatales (9%).
En cuanto a la validez del reclamo por la expropiación de YPF, el 81% de los votantes kirchneristas considera que la demanda de los acreedores no tiene ningún sustento, mientras que una clara mayoría de los que votaron a LLA (59%) y JxC (57%) cree que los demandantes tienen razón en plantear su reclamo. “La mayoría de la sociedad cree que la no resolución de estos juicios afecta la situación económica en general (83%), la posibilidad de que lleguen inversiones (77%) y la imagen internacional de argentina (74%)».
El juicio en cuestión es por la reestatización de la petrolera que tiene, entre otras consecuencias, un agregado no menor: a la condena de US$ 16.100 millones se le suman más de US$ 2 millones diarios de intereses.
No se está discutiendo si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía de la Argentina, sino que se litiga por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF; omisión que perjudicó derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York. De hecho, este litigio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el Gobierno de Carlos Saúl Menem en 1993, cuando acudió a Wall Street para privatizar la empresa, recaudando US$ 1.100 millones bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos.
En la historia que lleva a la reestatización de YPF aparecen muchos actores. Uno clave es el Grupo Petersen que adquirió antes el 25% de YPF con fondos prestados por la propia Repsol (la dueña hasta ese entonces de YPF); y un grupo de bancos internacionales, entre los que se destacaron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.
Con Petersen accionista, el gobierno de Cristina Kirchner decide la expropiación de YPF.
La Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, le permitió al Gobierno expropiar el 51% de las acciones de YPF a Repsol.
Cuando Petersen adquirió las acciones se comprometió a pagar con dividendos de sus acciones en la petrolera. Pero cuando se nacionalizó YPF, la empresa prohibió los dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder pagar a los bancos.
Comienzos de la causa
El juicio de YPF se inicia en 2015. Y es acá cuando otro actor importante hasta hoy comienza a jugar: Burford Capital.
La quiebra de las empresas del Grupo Petersen recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que nombró a un síndico y subastó el derecho a litigar.
En la subasta pública, Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios, es elegida por el síndico porque Petersen carece de los recursos, el capital, y la experiencia necesarios para llevar adelante un pleito caro, complejo y largo. Burford también financia el pleito de Eton Park (una empresa de inversiones de Nueva York). Petersen y Eton Park eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente.
Burford ganó la subasta y fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio. Pero Burford no compró las demandas y no es propietario de las mismas.
Sin embargo, cuando los acreedores cobren la demanda un 70% irá a Burford Capital y el 30% le corresponde a la quiebra de las empresas del Grupo Petersen a cargo de un síndico. Este síndico distribuirá ese dinero entre los acreedores de la quiebra de los Petersen, que no puso dinero propio para comprar YPF y que ahora tampoco va a recibir fondos porque las deudas que tiene por los préstamos son probablemente mayores a lo que le correspondería.