El panorama legal de Julio Iglesias ha dado un giro ofensivo en las últimas horas. El abogado del icónico cantante español solicitó formalmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España que proceda al archivo inmediato de las investigaciones preliminares que se llevan a cabo en su contra. Estas diligencias, actualmente bajo secreto, surgieron a raíz de una denuncia por presunto acoso y agresión sexual que habría ocurrido en 2021 contra dos empleadas en sus residencias de República Dominicana y las Bahamas.
A través de un extenso documento de 15 páginas, el letrado José Antonio Choclán sostiene que el proceso ha causado un «grave daño reputacional» al artista. El argumento central de la defensa se basa en una cuestión de competencia territorial: aseguran que los tribunales de España, y por ende su Fiscalía, «carecen de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado».
La estrategia de Iglesias para desestimar el caso se apoya en tres puntos geográficos y legales específicos. Según la defensa, España no tiene autoridad para investigar estos hechos porque las denunciantes no poseen nacionalidad española, no son menores de edad y el cantante mantiene su residencia habitual en República Dominicana, país donde presuntamente sucedieron los incidentes.
Para Choclán, la denuncia debió ser presentada ante las autoridades dominicanas. En el escrito, critica duramente la decisión de las supuestas víctimas y de la organización Women’s Link de radicar la causa en suelo europeo. «Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión», sentenció el abogado.
La defensa del intérprete de «Me olvidé de vivir» cuestiona que se pretenda otorgar a la fiscalía española facultades extraordinarias en este caso. «No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente», argumenta el escrito.
Además de pedir el cierre del caso, el abogado reclama acceso total a la investigación secreta para confrontar lo que califica como «la falsedad de las imputaciones». Choclán lamenta que su cliente deba enterarse de los pormenores de la causa a través de medios como eDiario.es o Univisión, y sostiene que, al haber hecho pública la denuncia de manera voluntaria, las demandantes no pueden ampararse en el derecho a la reserva de información.
Los testimonios que originaron este escándalo provienen de una fisioterapeuta y una exempleada doméstica. Ambas han presentado un conjunto de pruebas que incluyen grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y fotografías para respaldar sus acusaciones de agresiones sexuales y humillaciones laborales constantes.
Por su parte, Julio Iglesias mantiene una postura de rechazo absoluto. A través de un comunicado en sus redes sociales, el cantante fue tajante al afirmar que en toda su vida «ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer». Con este nuevo movimiento judicial, el equipo legal busca detener lo que denominan una «agresiva campaña mediática» y limpiar el nombre del artista frente a lo que consideran un ejercicio abusivo de la acción penal.