La investigación por el crimen de Erika Antonella Alvarez no sólo busca esclarecer las circunstancias del asesinato ocurrido el 7 de enero, sino también desentrañar el entramado de consumo y presuntos vínculos con el narcomenudeo que rodeaba a varios de los protagonistas.
En ese contexto declaró Justina Gordillo, la secretaria judicial detenida y procesada en la causa. Ante el fiscal Pedro Gallo, sostuvo que vive su detención con temor. “Todo esto es distinto a mi vida. Estar acá me da pánico. No puedo ver a mis hijos. En la cárcel me gritan asesina y me quieren pegar. No puedo salir de la celda. Mi familia está muy mal y, como se dijeron cosas de narcotraficantes, me da terror el tema”, afirmó.
La funcionaria, asistida por sus defensores María Florencia Abdala y Camilo Atim, aseguró que desconocía cualquier actividad vinculada a la venta de drogas por parte de Felipe “El Militar” Sosa, imputado como autor del homicidio. “No sabía que él vendía drogas. Me dijo que hace más de tres años estaba muy descontrolado y que comercializaba pastillas en fiestas electrónicas”, expresó.
Según fuentes de la investigación, el caso está atravesado por el consumo de sustancias y por presuntos contactos con personas ligadas al tráfico. La pareja de la víctima era Carlos “El Paraguayo” Ferreyra, un ciudadano paraguayo que fue detenido en 2021 en Juan Bautista Alberdi en una causa por presunta organización dedicada al traslado de marihuana en vuelos ilegales. Trascendió que habría regresado a la provincia en 2023.
De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, Ferreyra habría sido quien presentó a Sosa con la joven asesinada. Sin embargo, Gordillo negó haber tenido contacto con él.
El nombre de Sosa también aparece mencionado en otra investigación instruida por el fiscal Jose Sanjuan, vinculada a la supuesta comercialización de éxtasis en fiestas electrónicas. En ese expediente fueron procesados César Fernández Fazio y Mariano Valdez, y, según fuentes judiciales, Sosa figura como presunto proveedor. Ninguno de los acusados aceptó declarar como testigo protegido.
Además, en 2023 se realizó un procedimiento en una vivienda de la calle Frías Silva al 1.300, en Yerba Buena, donde se hallaron plantas y elementos de cultivo de marihuana. Sosa fue sobreseído por el juez federal Jose Manuel Diaz Velez, aunque la resolución fue apelada por el fiscal Agustin Chit y aún no quedó firme.
Por su parte, los defensores de Sosa, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, rechazaron que su asistido esté vinculado a la venta de estupefacientes. “Lo que él padece es un grave problema de adicción. Es todo. No hay ningún indicio que corrobore esa versión”, afirmaron.
Con múltiples aristas abiertas, la causa continúa avanzando mientras la Justicia intenta determinar responsabilidades en un caso donde el crimen y las sospechas de narcotráfico aparecen estrechamente entrelazados.
Fuente: Contexto