La Cámara de Diputados concentrará esta semana la actividad en el Congreso, mientras que en el Senado permanece trabada la reforma electoral debido a la resistencia de los bloques aliados al Gobierno a suspender o eliminar las PASO para las elecciones presidenciales de 2027.
La Cámara baja tendrá como principales temas de discusión el proyecto de Defensa de la Soberanía, con el que el Gobierno busca endurecer las penas para sancionar a las empresas que operen en Malvinas sin autorización y crear un Consejo de Seguridad Nacional.
La prioridad del oficialismo es sancionar esta iniciativa el 7 de octubre, en una sesión en la que también se discutirán la problemática de la discapacidad y el endeudamiento, dos iniciativas que incomodan al Gobierno nacional y cuyo debate fue impulsado por los bloques opositores.
El oficialismo busca sancionar la ley sobre la cuestión Malvinas antes de abordar el Presupuesto 2027, cuyo debate comenzará el 13 de octubre y en el que deberá alcanzar acuerdos para aprobar la denominada «ley de leyes», en un año atravesado por la campaña electoral, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
Mientras tanto, la actividad en el Senado estará frenada esta semana, luego de que ese cuerpo lograra sancionar los proyectos de reforma del Banco Central —aunque con modificaciones, por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados— y de Zonas Frías.
Ahora, la principal iniciativa pendiente para el oficialismo es la reforma electoral, cuyo tratamiento permanece paralizado debido a que los bloques aliados de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales no aceptan la eliminación o suspensión de las PASO.
Malvinas
El debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional se abrirá este miércoles a las 12, en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que presiden Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores).
La intención del oficialismo es emitir dictamen el martes 6 de octubre para que el proyecto pueda ser debatido en una sesión prevista para el 7 de octubre.
La iniciativa contempla el endurecimiento de las penas —de hasta 20 años de prisión— por la explotación, o cooperación para la explotación, de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes, además de la inhabilitación para operar en la Argentina.
El proyecto reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos, sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, establece un registro público de infractores y dispone que el Estado y los particulares tengan prohibido contratar con las personas o empresas allí inscriptas. También incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva ley.
Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente los derechos aduaneros.
Entre sus prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso, después de agotar las demás instancias previstas en un protocolo de actuación.
Por otro lado, se prohibirán los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
También se incorporarán delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia y la realización, por cuenta propia o con financiamiento extranjero, de acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional y autoriza su intervención en seguridad interior ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
Endeudamiento
El próximo martes, en el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, está previsto que se emita dictamen, de acuerdo con el emplazamiento votado en la sesión del 26 de agosto pasado.
Después de varias rondas de negociación, que incluyeron distintas posiciones y modificaciones, Unión por la Patria logró cerrar una propuesta internamente y la extendió a los referentes de estos bloques.
Al desglosar los 133 votos que avalaron el emplazamiento de las comisiones en el recinto, aparecen no solo Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, que conforman el núcleo estable de la oposición, sino también sectores afines al Gobierno, como Argentina Federal —que reúne a legisladores de Misiones y Salta—, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y la diputada Karina Maureira, de La Neuquinidad.
Algunas de las bancadas, como el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia, no tienen vocales en ninguna de las dos comisiones, por lo que no serán necesarias sus firmas en la instancia del martes, aunque sí serán indispensables sus votos cuando el proyecto llegue eventualmente al recinto.
Según pudo averiguar NA, el proyecto consensuado internamente en Unión por la Patria consiste en una ley de emergencia por 180 días, prorrogable por otro período igual, que establece un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, límites a los gastos y comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses de acuerdo con los montos.