El ministro de Economía, Sergio Massa, suscribió hoy tres nuevos acuerdos con integrantes del Club de París para refinanciar la deuda vigente y sólo resta el convenio con Japón para completar la negociación con el conjunto.
En esta ocasión se firmaron los pactos con España, Francia y Suecia y sólo resta la rúbrica con Japón que ya estaría encaminada, pero inmersa en una mayor burocracia por las condiciones del país oriental.
Si bien la renegociación de la deuda se realiza en el Club de París como institución luego se realizan acuerdos bilaterales para que las condiciones pactadas se plasmen según la deuda con cada país.
El Club de París es una organización de países acreedores donde básicamente se agrupan agencias gubernamentales, organismos públicos y determinadas empresas que utilizan la influencia regional cuando se trata de recuperar deudas.
Cabe recordar que la renegociación con el Club de París depende de que se mantenga vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con estas tres firmas se sellaron acuerdos bilaterales con 15 de los 16 acreedores de la institución.
Estos acuerdos se dan en el marco del convenio alcanzado en octubre de 2022 por el cual se reprogramaron el 100% de los montos adeudados mediante pagos realizados durante trece semestres consecutivos hasta finalizar en 2028. De este modo, se modificó la Declaración Conjunta de 2014, que había quedado en mora luego de que Argentina suspendiera los pagos en 2019.
Participaron de la firma las embajadoras de España, María Jesús Alonso; de Francia, Claudia Scherer-Effosse, y el embajador de Suecia Anders Carlsson (Suecia).
Las firmas de estos tres convenios se suman a los ya alcanzados en los últimos meses con Italia, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Alemania, Canadá, Israel, Finlandia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido.
El Ministro manifestó que “estos acuerdos permitirán garantizar la sostenibilidad del perfil de deuda y con ello sostener la recuperación económica”.
Asimismo, destacó la relevancia de los convenios “como parte del proceso de ordenamiento macroeconómico que permitirá tanto al sector público como privado conseguir financiamiento para el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura que aumentarán la competitividad de la economía nacional, al tiempo que promoverán exportaciones de bienes y servicios regionales”.
De este modo, añadió que “cumplimos una meta importante en nuestra hoja de ruta para ordenar y regularizar las relaciones financieras internacionales”.