Mientras los municipios del Gran Tucumán pusieron la lupa sobre la anterior administración del Consorcio Metropolitano para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), una asamblea de socios definió los números del ente encargado de la disposición final de la basura para el cierre de 2023 y el inicio de 2024.
En la última reunión de noviembre, los intendentes -o sus representantes autorizados- de San Miguel de Tucumán, de Yerba Buena, de Banda del Río Salí, de Alderetes, de Las Talitas acordaron los presupuestos para diciembre y enero, así como los montos que debe aportar cada jurisdicción al organismo (incluyendo a Lules y a Bella Vista, que operan como adherentes).
“Con lo abonado por estos usuarios se podrán hacer las previsiones e inversiones indispensables para el mantenimiento de la gestión del sistema”, señala el informe anexo al acta oficial. Esto último, agrega el documento, “tendrá lugar sin perjuicio de realizar las pertinentes gestiones para el cobro de la deuda existente en relación a cada usuario del sistema para con el Consorcio”.
Los montos
En noviembre, el presupuesto del Consorcio Metropolitano había sido de $363 millones (un 30% que el mes anterior), con $239 millones correspondientes a la Capital (socio mayoritario, con el 65%), $46 millones a Yerba Buena (12,7%), $21 millones a Tafí Viejo (5,8%), $15,3 millones a Las Talitas (4,23%), $11,6 millones a Alderetes (3,2%), y $17,4 millones a Banda del Río Salí (4,81%). A estos montos se suman los establecidos para los adherentes: $7,1 millones por parte de Lules (2,14%) y $3,89 por Bella Vista (1%).
Las previsiones fijadas por la asamblea del Consorcio Metropolitano señalan un incremento del 11,5% para diciembre, totalizando $405 millones (manteniendo los porcentajes de cada distrito, con $267 millones por la Capital), y un nuevo ajuste del 14% para enero, alcanzando un global de $462 millones entre los municipios ($304,7 millones por San Miguel de Tucumán).
En la agenda
El temario de la asamblea del Consorcio Metropolitano incluyó otros asuntos clave para sostener el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos del Gran Tucumán.
En el punto 3° del orden del día se dispuso aprobar la realización “de una auditoría contable, financiera, jurídica, ambiental y administrativa del Consorcio”, y se acordó que el informe sea encomendado al estudio contable Concilio y Sarralde.
El ítem siguiente incluyó la aprobación de las actuaciones administrativas, “en atención a la urgencia existente”, del presupuesto extraordinario para la cobra de una membrana. Los intendentes se comprometieron “a girar los fondos necesarios, conforme a los porcentajes del Presupuesto Móvil”, para la adquisición de este elemento “en un plazo no mayor a 30 días”. Se trata de un “insumo indispensable para la impermeabilización de los sectores operativas”, detalla un informe anexo, y su costo fue fijado en $53 millones.
En otros apartados, se puso en conocimiento sobre el incendio registrado durante la madrugada del 20 de noviembre en la planta de Overa Pozo (por lo que se dispuso contratar vigilancia privada o policías de servicios adicionales); el planteo formulado por el personal del Consorcio Metropolitano con relación a los sueldos (se resolvió postergar su tratamiento); y se comunicó la rotura de la báscula de la planta de San Felipe (por lo que se incluyó un presupuesto extraordinario para la compra de básculas, por un total de $29,5 millones).
La polémica por la situación del Consorcio Metropolitano surgió en noviembre, cuando LA GACETA precisó que entre municipios, comunas y hasta reparticiones provinciales mantenían deudas por unos $769 millones con el organismo intermunicipal (sólo la Capital se encuentra al día). Esto puso en jaque la clasificación y la disposición final de la basura que se recoge en el Gran San Miguel de Tucumán. Durante dos semanas, los desechos se acumularon en la planta de San Felipe y no fueron enviados al predio de Overo Pozo para su entierro sanitario.
Ante esta situación, la nueva composición del Consorcio Metropolitano puso el foco en la gestión del anterior presidente, Héctor Argañaraz, quien había sido designado por propuesta del ex intendente Germán Alfaro. Los intendentes Rossana Chahla (Capital) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena) propiciaron la realización de auditorías. Y, a la vez, se multiplicaron las polémicas cuando se reveló que el municipio de la Capital había concretado obras -como la refacción del Palacio de los Deportes- a través del Consorcio Metropolitano. Si bien Alfaro sostuvo en una entrevista con LG Play que las normativas vigentes habilitan este tipo de operatoria, la medida fue objetada por representantes de otros municipios, como la “Ciudad Jardín”.
Fuente: La Gaceta