La Cámara Federal le quitó a Comodoro Py la causa del “protocolo antipiquetes” que llevaba el juez Sebastián Casanello. Ocurrió poco antes de la audiencia de habeas corpus, convocada por el magistrado, entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y representantes de las agrupaciones de izquierda
La decisión del Tribunal de Apelaciones ocurrió antes de las 11 de este miércoles en los tribunales federales del bario porteño de Retiro. El juez Eduardo Farah, miembro de la sala II del mencionado tribunal, hizo lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación y apartó por “incompetencia” a Casanello.
Ante tal escenario, el trámite que se había iniciado el miércoles 14 de febrero quedó sin efecto. Casanello había rechazado el planteo de incompetencia que realizó el ministerio durante el primer encuentro. Sin embargo, tras la apelación, la Cámara falló a favor de la cartera de Seguridad.
A la primera audiencia había asistido la ministra Patricia Bullrich (impulsora de la aplicación del protocolo, la fiscal del caso Paloma Ochoa y la legisladora Celeste Fierro (MST, FIT-U), quien presentó la demanda.
La semana pasada y de manera posterior a la audiencia, la Cámara Federal anuló una resolución de Casanello en la cual había exhortado al Ministerio a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo. Ahora el juez Farah lo apartó del caso y resolvió que vuelva al juzgado en lo Criminal y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires, donde había tramitado en un principio.
Desde el Ministerio de Seguridad expresaron que “la Cámara ha entendido que el doctor Casanello no resulta competente para las facultades que se auto arrogó al resolver el habeas corpus planteado por la militante del MST (Celeste Fierri), determinando con su accionar una inoficiosa demora en el procedimiento natural del instituto, las que, al decir de la propia Cámara “tales desviaciones han llevado a una desnaturalización de aquel y a demoras injustificadas”.
“Basta recordar que el magistrado de primera instancia dio curso en el trámite al planteo de 36 organizaciones sociales como amicus curiae, sin requerirles a estas siquiera los estatutos para comprobar su personería, circunstancia ajena a la naturaleza propia del instituto en cuestión”, indicaron en un comunicado.