En el interior tucumano, y especialmente en Alberdi, es costumbre rebautizar a las personas con apodos que muchas veces resumen su historia o fama. Así fue como Roque Giménez, conocido durante años como “Chipi”, comenzó a ser llamado “Lázaro Báez” por los vecinos de su ciudad, debido al sorpresivo crecimiento de su patrimonio. Hoy, se encuentra en el centro de una compleja investigación judicial por coacción agravada, con derivaciones en una causa federal por narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita que sacude a las estructuras políticas de la zona.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz considera a Giménez una pieza clave en la pesquisa que ya involucra al ex intendente Luis Campos, a su esposa y actual legisladora, Sandra Figueroa, y al ex secretario de Hacienda, José Roldán. A pesar de su transformación en empresario de la construcción, quienes lo conocen desde siempre lo recuerdan como un humilde verdulero y remisero que recorría Alberdi en un Renault 9, apasionado por la música y con pasado en una banda de rock. Su primera incursión en la justicia ocurrió en 2015, cuando fue denunciado por violencia de género, causa en la que terminó sobreseído un año después. En 2024 también fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad.
Todo cambió cuando, en febrero de 2022, fundó la empresa Giménez Consulting Groups SAS, en sociedad con su madre, Susana del Valle Argañaraz, presentada formalmente como empresaria, aunque conocida en Alberdi como ex remisera y verdulera. Según los vecinos, el ascenso económico de la familia fue tan rápido como inesperado. “Era una familia muy humilde. De un día para el otro, empezaron a crecer de forma llamativa”, expresó una residente.
Antes de crear la firma, Giménez ya había hecho varias denuncias. En 2021, llevó ante la Justicia Federal una acusación por malversación de fondos contra José Roldán, uno de los actuales investigados por la Justicia. Luego denunció a funcionarios municipales por construir una pared que causaba anegamientos en su barrio. En junio de 2022, presentó otra denuncia contra Carlos “Kokoz” Rodríguez y el sindicalista José Funez, dos personajes hoy también involucrados en la causa que lleva adelante Vehils Ruiz. Aseguró haber sido amenazado por Rodríguez al ir a cobrar un cheque. Según el expediente, el acusado le habría advertido: “Seguí denunciando nomás vos y no pasás del fin de semana”.
Un mes después, Giménez denunció a Dante Romero, ex secretario de Gobierno durante la intendencia de Figueroa, por presunta venta irregular de terrenos fiscales.
Sin embargo, en un giro llamativo, su empresa comenzó a recibir contrataciones directas de la gestión de Figueroa. Entre los encargos adjudicados figuran la construcción del Centro Integrador Comunitario de Marapa, una sala velatoria municipal, la remodelación del Centro Cultural y del ex Mercado Municipal. Aunque podrían ser más, ya que los pedidos de informes del Concejo Deliberante nunca fueron contestados.
“Hasta tuvimos que ir a la Justicia para que se nos dé acceso a esa información”, explicó el ex concejal opositor Adolfo Díaz Chavero, quien junto a su par Luis María Díaz Augier insistió sin éxito en conocer los detalles de las contrataciones.
El único contrato del que se tiene constancia es el de la Sala Velatoria Municipal, con un presupuesto de $ 15 millones. Para los concejales opositores, hay dudas sobre los precios y sospechas de retornos. La remodelación del ex Mercado Municipal quedó inconclusa por falta de pago, y Funez denunció que allí no se hizo absolutamente nada. A los pocos días, Giménez volvió a presentarse en la Justicia, esta vez para acusar a Luis Campos de comprar una camioneta con cheques del municipio. Fue entonces cuando salió a la luz la grabación de la polémica conversación entre ambos, que puso a Giménez en el foco del escándalo.
El fiscal Vehils Ruiz analiza si las obras públicas otorgadas a la empresa de Giménez podrían haber sido utilizadas como fachada para lavar dinero proveniente de actividades delictivas, aunque por ahora el empresario no figura formalmente como imputado en esa línea de la causa. En paralelo, la fiscal Mónica García de Targa lo investiga por coacción agravada, bajo la sospecha de que habría presionado a Campos para obtener beneficios en su actividad comercial y posicionarse políticamente.
Mientras tanto, el empresario devenido en figura central de una trama que mezcla poder, dinero y supuestas actividades ilegales, sigue circulando por las calles de Alberdi. Allí donde lo conocen desde siempre y ahora lo llaman, con tono irónico y suspicaz, “el Lázaro Báez del sur tucumano”.