Estados Unidos se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 personas que han solicitado asilo en Estados Unidos. De concretarse, sería la revocación de visas más numerosa en la historia de Estados Unidos y probablemente enfrentaría impugnaciones legales.
Se prevé que el Departamento de Estado anuncie en las próximas semanas la revocación de las llamadas visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026, y cuyos titulares han solicitado asilo, según indican documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press y dos funcionarios federales. La medida se adoptará en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.
“Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero luego solicitan asilo para quedarse aquí de manera permanente”, indicó ayer el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Pigott declinó comentar cuántas visas podrían revocarse y señaló que “como el proceso estará en curso, el número de revocaciones sigue siendo dinámico y se realizará de manera gradual”.
Los funcionarios indicaron que las revocaciones no necesariamente derivarían en su deportación inmediata. La mayoría de quienes tienen casos de asilo pendientes serían reclasificados, pero perderían su condición de viajeros por negocios o turismo, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque las revocaciones aún no son definitivas.
El gobierno estadounidense ha incrementado de forma constante las restricciones para los solicitantes de visas desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato el año pasado: exige más información sobre sus historiales en redes sociales, requiere el pago de costosas fianzas para la tramitación de visas y prohíbe de manera directa la emisión de visas a ciudadanos de ciertos países.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, criticó en una publicación en redes sociales el lunes a personas que, según dijo, intentan usar visas de turismo y negocios para ingresar a Estados Unidos y luego solicitar asilo.
“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de solicitudes de asilo falsas”, escribió Landau en X. “El asilo no debe ser una laguna para eludir la ley migratoria”.
Landau citó el caso de un ciudadano colombiano que llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y luego solicitó asilo.
Las visas B1 se emiten por lo general para viajes de negocios y las visas B2 se expiden normalmente para turismo, visitas familiares o atención médica. No quedó claro de inmediato cuántos de estos titulares de visas están solicitando o han solicitado asilo en Estados Unidos y se verían afectados por las revocaciones.
A los solicitantes actuales de visas B1 y B2 se les pide que confirmen que no solicitarán asilo en Estados Unidos y que demuestren que tienen la intención de regresar a sus países de origen.
En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado alrededor de 175.000 visas a personas que han sido condenadas o acusadas de delitos que van desde conducir en estado de ebriedad hasta violación y robo, así como a personas que se han pronunciado públicamente contra políticas de Estados Unidos, particularmente en Oriente Medio.
Estados Unidos también ha tomado medidas para endurecer el control contra el llamado “turismo de parto”, una práctica que, según sostiene, utilizan mujeres extranjeras embarazadas para viajar a Estados Unidos a dar a luz, de modo que su hijo obtenga la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
El gobierno de Donald Trump ha intentado varias veces poner fin a la ciudadanía por nacimiento, pero esos intentos han sido rechazados por los tribunales, incluida la Corte Suprema.
La ofensiva sobre el sistema de visados también alcanza a los permisos de trabajo.
Ayer lunes, el gobierno volvió a proponer una tasa de 103.265 dólares para empleadores que contraten trabajadores extranjeros mediante visas H-1B, un programa muy utilizado por empresas estadounidenses para incorporar profesionales especializados, sobre todo en el área de tecnología, aunque incluye diversos sectores.
La iniciativa retoma una medida que la Casa Blanca de Trump intentó aplicar en 2025 con una tasa de US$100.000 contra un “abuso sistémico” del programa H-1B.
Pero en junio pasado, un juez federal bloqueó la orden tras una demanda de 20 estados gobernados por demócratas, que sostuvieron que el cobro constituía un impuesto ilegal que eludía la autoridad del Congreso.
La suma que Trump buscó aplicar en ese momento, y que ahora quiere renovar en esta nueva ofensiva, había causado fuertes reclamos en empresas de Silicon Valley pero también en sectores vinculados a la salud, donde suelen contratar personal extranjero especializado para enfermería o asistencia técnica específica.
Fuente: Clarín