La Confederación General del Trabajo (CGT) mostrará músculo ante el gobierno de Javier Milei con una movilización a favor de los jubilados, el 9 de abril, y un paro general el día posterior. Se trata de una decisión por parte de la central obrera basada en varios números.
La primera cifra que se encargan de mostrar desde la calle Azopardo es que tienen más de cuarenta gremios que confirmaron su adhesión a la convocatoria para reclamar aumentos en los haberes de los adultos mayores y a la huelga del 10 del próximo mes. Se trata de una lista conformada por los gremios aeronáuticos, bancarios, de la educación, marítimos y, fundamentalmente, ferroviarios y colectiveros, claves para que la medida de fuerza tenga potencia.
Existían algunas dudas por parte de dirigentes del transporte en plegarse o no a la medida. De hecho, uno de ellos pidió abrir canales de diálogo con La Libertad Avanza para encarar un agenda en común, pero finalmente primó la posición de respaldo a la cúpula cegetista, con un Héctor Daer, triunviro de la central, que intercambió mensajes con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y descartó reuniones con el Gobierno. Y avisó que el paro no tiene vuelta atrás.
La motosierra libertaria en el empleo público, que generó casi 41 mil despidos en el sector, encendió las alarmas de UPCN, el sindicato que nuclea a los estatales y que comanda Andrés Rodríguez, uno de los integrantes de la mesa chica de la calle Azopardo e identificado con el ala de los independientes. El gremio el año pasado fue a la Justicia para lograr reincorporaciones de empleados y realizó distintas movilizaciones, como este mes en rechazo a los más de 1.800 despidos en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Familia que depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, una de las carteras que despidió más personal.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el otro gremio que representa al personal del Estado que no está dentro de la CGT, también tiene números que enseñar y se suma a la convocatoria que hizo la central obrera de mayor relevancia del país: anunció un paro de 36 horas para el 9 y el 10 de abril. El sindicato además denuncia que más de 50 mil trabajadores corren el riesgo de ser despedidos en la Administración Pública cuando finalice marzo.
“Tenemos que seguir aumentando la conflictividad antes de que dejen en la Argentina solo tierra arrasada”, advirtió el combativo Rodolfo Aguiar, el secretario general del colectivo sindical.
Hay más: como ya contó este medio, el techo paritario del 1% que impuso Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, fue otro motivo para que varios dirigentes sindicales se sumen a la protesta. Semejante número no permitirá que los salarios castigados por la inflación de 2024 tengan recuperación este año. En ese sentido, desde la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) que depende de Hugo Yasky, otra organización que se sumará a la huelga, precisaron que a marzo de 2025 los salarios reales sufrieron una caída superior al 15% en la era Javier Milei. Mientras que los salarios reales registrados se ubicaron en promedio en diciembre de 2024 casi 9% por debajo del nivel de noviembre de 2023, aumentando la informalidad laboral.
El otro número que posee la disputa pasa por las obras sociales gremiales que el oficialismo decidió intervenir: ocho desde diciembre de 2023. Fuentes libertarias al tanto, que se encuentran monitoreando el tema siempre, subrayaron ante PERFIL que no existieron controles en las gestiones pasadas y se terminaron derivando subsidios multimillonarios “en sellos de goma”.