El secuestro de 37 kilos de cocaína durante un control del Operativo Lapacho, en la localidad de Valentín Jiménez, sobre el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, abrió una investigación que podría derivar en un nuevo escándalo de alcance nacional. Los investigadores sospechan que la droga decomisada habría integrado un cargamento incautado con anterioridad y que, por circunstancias aún bajo análisis, volvió al circuito ilegal del narcotráfico.
La hipótesis comenzó a tomar forma a partir de una serie de indicios detectados durante las pericias: los panes de cocaína presentaban numeraciones identificatorias, pequeñas perforaciones y cortes en sus envoltorios, además de información obtenida de manera extraoficial que fortaleció las sospechas de los investigadores.
El procedimiento se desarrolló al mediodía en el marco de los controles del Operativo Lapacho. Efectivos policiales interceptaron un camión Mercedes Benz cuyo conductor, cuya identidad permanece bajo reserva, accedió al control aunque advirtió que no podía abrir el capot del vehículo. Ante esa situación, los uniformados le comunicaron que no podría continuar el viaje hasta completar una inspección integral.
Según consta en las actuaciones, el chofer realizó entonces una llamada telefónica a quien identificó como el propietario del camión. Minutos después regresó y manifestó que su empleador le había transferido $ 500.000 para «arreglar» el inconveniente. Esa situación motivó su demora y, con autorización judicial, los efectivos inspeccionaron el compartimiento del motor, donde descubrieron 37 kilos de cocaína ocultos entre los componentes mecánicos.
Durante las tareas periciales, especialistas de la Didrop Este advirtieron características poco habituales en el cargamento. Los panes estaban numerados y varios envoltorios presentaban perforaciones o pequeños cortes, marcas que, según explicaron fuentes de la investigación, suelen producirse durante procedimientos oficiales cuando los paquetes son identificados y sometidos a pruebas de campo para confirmar la presencia de estupefacientes.
El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que esa circunstancia fue inmediatamente comunicada a las autoridades judiciales. «Pusimos al tanto de las autoridades judiciales de esta situación porque existen elementos que podrían indicar que se trata de droga que ya fue secuestrada en otro procedimiento y que, por alguna razón, volvió a circular», afirmó.
Las sospechas crecieron aún más tras la declaración espontánea que habría realizado el conductor detenido. De acuerdo con información trascendida de la investigación, el hombre aseguró que había sido contratado para trasladar el camión desde Orán, su ciudad de origen. Siempre según esa versión, habría tomado contacto con un integrante de una fuerza de seguridad que le facilitó las condiciones para iniciar el viaje con destino a Santiago del Estero, donde debía concretar un encuentro con quienes serían los compradores de la droga.
La hipótesis encuentra antecedentes en distintas investigaciones abiertas durante los últimos años por presuntos desvíos de estupefacientes secuestrados en procedimientos antidrogas. También fueron detectadas irregularidades y faltantes en depósitos judiciales y dependencias donde las sustancias permanecen almacenadas hasta su destrucción definitiva.
Fuentes vinculadas a la Justicia Federal de Salta señalaron que el kilo de cocaína tiene actualmente un valor aproximado de 2.500 dólares en las zonas fronterizas. Según esas mismas fuentes, cuando quienes poseen la sustancia buscan desprenderse rápidamente de ella para disminuir riesgos, suelen comercializarla por montos inferiores a los habituales.
Si la principal hipótesis de la investigación se confirma, sería el segundo episodio en menos de una semana que involucra sospechas sobre integrantes de fuerzas de seguridad en hechos vinculados al narcotráfico. Días atrás, una médica que prestaba servicios en Gendarmería Nacional fue detenida junto a otra mujer cuando transportaban 66 kilos de cocaína. Además, durante los últimos dos años se iniciaron diversos procesos judiciales contra miembros de esa fuerza por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
La investigación avanzará ahora sobre dos ejes principales. El primero apunta a determinar el origen exacto del cargamento y establecer si efectivamente formó parte de un procedimiento anterior, reconstruyendo la trazabilidad de los paquetes y verificando si las numeraciones y marcas coinciden con registros incorporados en otros expedientes judiciales.
La segunda línea de trabajo busca identificar a los organizadores del transporte. Según trascendió, los investigadores analizan el rol de un hombre que tendría vínculos con una empresa dedicada a excursiones y contactos dentro del ambiente artístico. Hasta el momento no existen imputaciones formales en su contra, aunque las próximas diligencias podrían resultar determinantes para establecer su eventual participación en la maniobra.
Girvau indicó que toda la evidencia reunida fue remitida a la Justicia Federal para definir el rumbo de la investigación. «Hemos aportado todas las pruebas a la Justicia Federal para que determine cuál es el camino investigativo que debemos seguir», sostuvo. El jefe policial agregó que el procedimiento refleja el compromiso de la fuerza provincial en la lucha contra el narcotráfico y advirtió que, si se comprueban irregularidades o conductas delictivas, los responsables serán separados de la institución y puestos a disposición de la Justicia.