El reloj avanza muy rápido, el tiempo se derrumba debajo de los pies de Cristina Kirchner y se esfuma su futuro político. Hoy, a esta hora, el destino de la expresidenta depende de un solo hombre, un único juez. Un juez que ni siquiera ella nombró, Carlos Rosenkrantz.
Ricardo Lorenzetti está firme en su decisión. Rosatti también querría ratificar la condena en la causa Vialidad, pero no tal vez el martes próximo. Es Rosenkrantz quien puede bajarle el pulgar a Cristina o darle una luz de esperanza y postergar la definición.
Hace dos semanas, la expresidenta confirmó su candidatura para la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires con la intención de lograr anticipadamente acceder a los fueros. El cierre de listas para diputados nacionales es el 17 de agosto y los fueros para cualquier candidato llegarían aún después, cuando la jueza federal María Servini oficialice las candidaturas. Demasiado lejos. Por eso, Cristina se anotó para la elección provincial, cuyas listas cierran y se oficializan en julio.
Aun así, la meta le puede quedar lejos. La Corte Suprema está compuesta por cinco cargos, pero solo hay tres jueces en funciones y los otros dos lugares están vacantes.
La única manera de que el máximo tribunal pueda dictar una sentencia es, entonces, que los tres jueces coincidan con sus votos en una misma decisión. Y ese dato, sencillo de entender, es la clave del futuro de la exmandataria.
Dos de los magistrados, Horacio Rossatti, el presidente de la Corte, y su predecesor, Ricardo Lorenzetti, coinciden en querer condenar a Cristina. Ellos mantienen una relación tirante, pero eso no les impide compartir el mismo punto de vista: la condena de la exmandataria no debe ser revisada ni llevada a 12 años, sino que debe quedar firme, a seis años de prisión, y debería ser dictada pronto. Hay, sí, un pequeño matiz: Rosatti no desearía precipitar esta definición el martes próximo.
La forma más rápida de resolver este expediente es recurriendo a la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial: “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. Una fórmula escueta, contundente y suficiente para enviar a alguien a prisión. Rosatti también creería que ese es el camino, pero no está convencido de actuar de manera inmediata.
En otras palabras, esos dos ministros de la Corte no piensan abrir a estudio el recurso planteado por Cristina y por los defensores de los otros imputados. Eso demandaría muchos meses. Cristina, así, quedaría condenada a seis años. Solo difieren en el momento del fallo. Pero está instalada fuerte la idea, dentro de los pasillos de la Corte, que la condena llegaría antes de que comience julio.
Hay varias razones para obrar así. Cada vez que un imputado llega condenado por un tribunal oral y esa condena es confirmada por la Cámara de Casación, la Corte no abre a estudio el recurso y deja firme la sentencia aplicando aquel artículo 280. Lapidario. Es lo que ocurrió con Milagro Salas y con cientos de condenados. Y no ven motivos para obrar distinto.
Por otro lado, esos jueces no quieren quedar atrapados en la política, dilatando una definición y haciéndole el juego al Gobierno y a Cristina. Obviamente, ella necesita estirar los plazos. Y el Gobierno también vería con buenos ojos que la Corte postergue una definición, para que ella sigua en el juego político. La presencia de Cristina en la lucha política le permite a Milei polarizar y nacionalizar la elección. Milei o el kirchnerismo, Milei o volver al pasado. Pero una cosa es que Cristina, desgastada por su propio pasado político y por Axel Kicillof, esté habilitada y juegue, y otra bien distinta es darle un motivo para que ella, aunque sea mentira, se autocalifique de proscripta.
Pero en la Corte hay un tercer ministro, Rosenkrantz. Este juez también coincide en que Cristina debe ser condenada, pero duda si debe serlo a 6 años de prisión, como estableció la Casación, o a 12 años, como pidieron todos los fiscales que intervinieron en la causa Vialidad y también el procurador general Eduardo Casal, porque consideran que ella actuó como jefa de una asociación ilícita.
Rosenkrantz no quiere rechazar sin más el recurso y opina que, por la trascendencia del caso, que involucra a un expresidente, la Corte debe abrir a estudio el caso, analizar todos los argumentos y expedir una sentencia larga y detallada, explicando los fundamentos de la condena, cualquiera sea el monto.
Todo es románticamente muy profundo y entendible. Pero la visión de Rosenkrantz demorará muchos meses el dictado de la sentencia, que saldría recién en 2026. En cambio, si ese juez se aviene a la visión de sus colegas, la sentencia podría salir el próximo martes o, tal vez, antes de fin de junio.
La condena a prisión, sea a 6 años o a 12, irá acompañada de la accesoria a inhabilitación para ejercer cargos públicos. Muchos magistrados coinciden en interpretar que esa inhabilitación confirmada por la Corte no le permitiría a Cristina ser candidata ni a diputada nacional ni por la provincia de Buenos Aires.
Por las dudas, Cristina se anotó para la carrera provincial, porque ese le permitirá sostener un argumento falaz, pero que una vez que lo plantee demandará tiempo de debate: ella habría quedado inhabilitada para cargos nacionales, pero podría ser candidata en la provincia porque cada distrito se rige por sus propias reglas electorales. Un argumento débil, insustancial, porque la condena a inhabilitación está prevista en el Código Penal nacional, se aplica sobre todo el país y, además, una condena confirmada por la Corte nacional no puede ser desconocida por ningún tribunal provincial.
Si la Corte, en cambio, posterga la condena hasta después del momento en que la candidatura de Cristina sea oficializada por la provincia, ella quedaría indemne: para ese momento habría adquirido fueros y no podría ser detenida.