La resolución del Gobierno de eliminar la triangulación de las obras sociales al volver obligatorio el traspaso directo de los aportes de los afiliados a las prepagas, activó de urgencia la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT), que ya evalúa el impacto de la medida.
Según cifras oficiales, la decisión del Ministerio de Salud representa para las obras sociales sindicales la pérdida de al menos unos $30.000 millones mensuales solo por la intermediación; cifra a la que se suman los aportes, contribuciones y subsidios que recibían y que a partir de ahora van a ir directamente las prepagas, precisaron a TN.
La central obrera tenía prevista una reunión del Consejo Directivo para la semana pasada, pero se postergó por la visita de Taty Almeida, dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de la semana pasada. La resolución conocida el viernes reactivó la convocatoria.
El objetivo de la medida del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, es que los trabajadores registrados envíen sus contribuciones directamente a la empresa de medicina privada elegida, sin necesidad de estar afiliados a una obra social que opere como una intermediaria para derivar los aportes. Esa operatoria significa para el sistema de salud gremial un ingreso de entre 3% y 6% mensual por cada trabajador, por lo que es un golpe directo a los sindicatos.
La disposición puso en alerta a la CGT, que desde la salida del líder camionero Pablo Moyano de la cúpula de la central obrera, abandonó la posición combativa y acentuó una dialoguista con Balcarce 50, dispuesta a negociar algunas iniciativas impulsadas por el oficialismo. Sin embargo, el avance sobre una de las fuentes de financiamiento del sistema de salud sindical podría volver a tensar el vínculo.
La CGT dialoguista, en alerta
Luego de los paros generales, que no tuvieron el impacto social ni político que los gremios buscaban, la CGT abrió canales de diálogo con el Gobierno. Primero fueron de manera informal y luego se hicieron oficialmente.
Así, la central obrera se limitó a confrontar con el presidente Javier Milei y el ajuste que lleva adelante, a través de comunicados y manifestaciones por redes sociales o acompañando movilizaciones convocadas por otros sectores de la sociedad, como los estudiantes universitarios o de las organizaciones LGTBQ+ que se realizó este sábado.
Sin embargo, la decisión de la cartera de Salud de avanzar sobre una fuente de financiamiento para las obras sociales podría significar un punto de inflexión en el vínculo con el Gobierno. La medida impacta a 1.380.000 afiliados titulares, lo que representa como mínimo unos $30.000 millones por mes, lo que anualizado significa no menos de $360.000 millones. Un golpe que podría ser letal para el sistema de salud sindical.
Cómo funcionaba la intermediación de las obras sociales
Poco menos del 40% de la población está afiliada a una obra social, ya sea por aportes bajo relación de dependencia, por adhesión al Monotributo, por empleo doméstico con aportes, o por estar desempleados durante el período en que la cobertura sigue activa.
Pero no todos utilizan el sistema de salud sindical. Una porción deriva sus aportes a una empresa de medicina prepaga. Esa intermediación representa un ingreso para las obras sociales que, desde el viernes pasado, se eliminó. Los trabajadores que quieran seguir sosteniendo ese mecanismo de aportes deberán elegirlo explícitamente.
Es un doble golpe a las obras sociales. A mediados de agosto del año pasado, la CGT había advertido sobre los altos costos de sostener el Plan Médico Obligatorio (PMO) para afiliados que con sus aportes (monotributistas y empleadas domésticas, fundamentalmente) no llegan a cubrir el costo de ese servicio. Parte de ese déficit se cubría con el ingreso por la intermediación.
En el contexto actual de pérdida de ese ingreso, la CGT reactivaría el reclamo al Ministerio de Salud para que reemplace el PMO por una canasta de servicios de emergencia (CSE) y que aumente los aportes de monotributistas y empleadas domésticas. Además, de otras adecuaciones vinculadas con el PAMI y otros beneficiarios.
Pero también pone en movimiento a la mesa chica ampliada. Aunque en el oficialismo ven poco probable estar despertando a una central obrera inactiva, cuestionada de uno y otro lado de la grita, que creen que perdió representatividad. Por el contrario, confían en que reforzará las negociaciones con gremios aliados y que terminará con un “negocio de la casta sindical”.