Tras la presentación del pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, el Frente de Todos termina de definir su estrategia en comisión y no cierra la puerta a llevar «con la fuerza pública» a los citados a declarar que no acepten participar.
La diputada nacional kirchnerista Mara Brawer detalló que el bloque que encabeza Germán Martínez presentará «las pruebas» durante el debate en el Congreso y «aspira» a que los integrantes del máximo tribunal se hagan presentes para declarar.
«Yo espero que no haya que llevar a nadie con la fuerza pública, esperemos que todos se ajusten a derecho y tengan la oportunidad de presentar sus argumentos de cara a la sociedad argentina», señaló la legisladora nacional en declaraciones al canal IP Noticias.
Sobre el funcionamiento de la comisión de Juicio Político, Brawer detalló: «Nosotros vamos a presentar las pruebas, la comisión va a pedir más pruebas y es importantísimo que se presenten porque cada persona tiene derecho a presentar sus pruebas».
«Los supremos, como cualquier ciudadano, tienen que concurrir (a la comisión), si no concurren es para pensar que no tienen los argumentos suficientes, es una enorme oportunidad para dar su versión. Aspiramos a que se presenten y lo que ellos no digan a no quieran decir lo dirán otros funcionarios de la Corte», resaltó la diputada.
Este viernes ingresó el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema con un total de 410 páginas, de las cuales tres cuartos corresponden a documentos respaldatorios del planteo, como el pedido original firmado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, fallos del máximo tribunal, recortes periodísticos e imágenes de chats filtrados.
El proyecto contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue introducido en la Cámara baja por quince diputados del Frente de Todos: Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marin, Mabel Caparros, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Brawer.
Los legisladores acusaron a los magistrados de «mal desempeño» y plantearon: «Dicha causal no se halla definida en la manda constitucional, motivo por el cual debe ser el Congreso de la Nación quien interprete su alcance».
Algunos de los hechos que mencionan para fundamentar el proceso de juicio político son los fallos de la Corte para declarar aplicable el cómputo conocido como «2×1» para un represor; para modificar el Consejo de la Magistratura; en la disputa por fondos de coparticipación entre la Ciudad y la Nación; «incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN); declaraciones de Rosatti que «buscan condicionar la actuación del Poder Legislativo» y su supuesto vínculo con el Gobierno porteño, en base a chats filtrados; entre otros.
Además, se formalizó la solicitud para que sean citados a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja los cuatro miembros de la Corte Suprema, así como también se detalló el enorme listado de testigos que pretenden que sean convocados para declarar.
Entre los posibles declarantes se destacan el director de la Vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Silvio Robles; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro; los gobernadores que impulsan el juicio político; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro; el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni; el jurista español Baltazar Garzón; funcionarios del máximo tribunal; y organismos de derechos humanos.