La empresa Transportes 9 de Julio pugna por conseguir el circuito completo de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Consorcio Público Metropolitano (Girsu). La firma que maneja la recolección de los desechos en la Capital fue una de las dos oferentes en la apertura de sobres por el llamado a licitación pública. En tanto, la actual prestataria del servicio en San Felipe y Overo Pozo, Moviser SRL, busca mantener su lugar en el ente.
En la segunda quincena de febrero, el Girsu anunció el lanzamiento del proceso licitatorio por el futuro vencimiento de los contratos con Moviser SRL, el próximo 30 de abril, que tiene a su cargo la mayoría de las operaciones en las plantas de tratamiento. Se trata de la operación de la planta de transferencia de San Felipe, la provisión del servicio de transporte de RSU desde San Felipe a Overo Pozo, y la disposición final por el sistema de relleno sanitario para la operación de la planta de disposición final.
El Consorcio que dirige Eugenia Andrade dispuso que las propuestas serían recibidas hasta ayer. Con la presencia de la contadora y de los consejeros representantes de los seis municipios que integran el Girsu, se realizó la apertura de los sobres. El proceso inició a las 12 de ayer y concluyó siete horas más tarde, con la firma de consentimiento de todos los asistentes.
La primera oferta que se leyó fue la de una Unión Transitoria (UT) conformada por Esur y Ciageser (que maneja la empresa 9 de Julio), cuyo representante en actas fue Gastón Iturrieta. La firma presentó un presupuesto mensual total de $1.135 millones y una póliza de seguro de $3.888 millones. En tanto, el precio final postulado por un período de 60 meses por el total de los servicios fue de $68.142 millones.
Por su parte, Moviser SRL, representado por Máximo Ignacio Jiménez Montilla, planteó una oferta mensual de $1.732 millones, con una póliza de seguro de $4.560 millones y un precio final por 60 meses de $103.968 millones.
El presupuesto oficial de la licitación fue de $ 81.000 millones por cinco años de servicio ($ 1.350 millones mensuales). La última factura presentada por Moviser SRL fue de unos $ 1.650 millones, correspondiente a enero.
Al finalizar con la apertura de sobres, las autoridades del Girsu plantearon la posibilidad de otorgar un período de 30 minutos para que las partes revisen las carpetas entre sí y se avance con el cierre del acta. Sin embargo, los responsables de la firma de Yerba Buena replicaron que necesitarían más tiempo, dado que la UT integrada por la empresa 9 de Julio presentó siete carpetas con información. Se resolvió que tanto Moviser SRL como la UT tendrán un plazo de tres días para revisar las ofertas de la otra parte y hacer observaciones: desde el lunes hasta el miércoles, de 9 a 13.
Revisión
Al proceso le sigue la revisión de parte de la comisión de preadjudicación. Durante la próxima semana se organizará la metodología a seguir para tratar de resolver la cuestión hasta antes del 30 de abril, fecha de vencimiento del contrato de Moviser SRL.
Es la primera vez que el Consorcio Público se somete a un proceso de licitación pública. “Cuando los nuevos intendentes asumieron, a fines de octubre de 2023, por actas de asamblea habían manifestado la voluntad de que se haga un proceso abierto y transparente”, planteó Andrade.
Además, tras el cierre de la jornada y respondiendo a los cuestionamientos que se hicieron por el proceso, la presidenta expresó: “el consejo de administración elaboró un pliego, se aprobó y fue siguiendo la normativa que existe en el Consorcio. Se hizo todo en forma transparente: se hicieron todas las publicaciones, seguimos con los plazos que estaban establecidos en el régimen de contrataciones y no nos apartamos ni una coma”.
Andrade aseguró que para elaborar el proyecto de pliego “se utilizaron como referencia muchos procesos licitatorios”. “No nos hemos circunscripto a ningún estándar ni regla. Eso es lo que tiene nuestro régimen de contratación, que establece pautas mínimas, y nosotros le agregamos más cosas”, añadió.
En cuanto al método de evaluación de las ofertas, el pliego de bases y condiciones determina que, para tomar una decisión, el comitente establecerá un sistema de puntajes que pondere los aspectos técnicos de la oferta y el precio. El que obtenga el mayor valor se quedará con la concesión.
La 9 de Julio, que ahora pugna por hacerse de la gestión integral de los RSU, viene de obtener de manera directa una extensión del contrato por la recolección de residuos de manos del Concejo Deliberante capitalino, en diciembre, por otros cinco años.
Fuente: La Gaceta