El ministro Luis Caputo adelantó que espera cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el primer cuatrimestre de este año.
El anuncio fue casi simultáneo con la decisión de reducir de 2% a 1% el aumento mensual del dólar oficial, profundizando la política de «anclar» al tipo de cambio para ayudar a la baja de la inflación.
La entrada en vigencia del menor ritmo de devaluación en febrero no se correspondería con una baja de la inflación, ya que los pronósticos del sector privado esperan un aumento del índice del costo de vida superior al 2,2% de enero.
Los resultados económicos no siempre responden a las causas en el corto plazo, pero en febrero coincidieron con modificaciones en el panorama cambiario que, por ejemplo, determinaron que el dólar MEP al subir 4,5% haya superado como alternativa de ahorro a las acciones con caída de 15% en el período.
Caputo redobla su apuesta al dólar quieto y la consolida con un Tesoro que ofrece tasas de interés interesantes para títulos en pesos.
En la semana el Tesoro licitó letras Lecap y logró no solo cubrir los vencimientos, sino tomar fondos adicionales, pagando entre 2,52% y 2,62% como tasas efectivas mensuales.
El 2,5% de renta frente al 1% de suba del dólar refuerza la vigencia del tan meneado «carry trade» que consiste en que los tenedores de dólares los venden y se pasan a colocaciones en pesos para, al vencimiento, volver a las divisas obteniendo una ganancia en términos de dólares.
El mecanismo viene desde hace meses, pero febrero tuvo la variante de que a la reducción del ritmo de devaluación (y a la menor inflación de enero respecto de diciembre, 2,7%) no le siguió una rebaja de las tasas.
El «carry trade» suele reinar en los momentos en que el gobierno le ofrece al mercado un -virtual o efectivo- seguro de cambio y los operadores le creen a pesar de tener, siempre, un ojo avizor en la evolución de las reservas del Banco Central.
Faltando un día para el fin de febrero, el BCRA había comprado US$ 1.786 millones, un monto levemente superior al de enero y que, según un informe de la consultora Outlier, se explicaría por la suba del dólar MEP.
Dólar más alto, más liquidaciones, sumando a una estrategia del gobierno de que aparezcan dólares no tanto para fortalecer las reservas netas del Central sino, más bien, para apuntalar las operaciones de «carry trade» que, a su vez, mantengan la brecha cambiaria por debajo del 15% para desalentar el impacto en los precios de la canasta familiar.
Un informe otra consultora, 1816, avanza sobre el tema desde otro costado: la fuerte expansión de los préstamos en dólares que se generó por el blanqueo (US$ 13.500 millones, unos US$ 3.000 millones menos que el pico en el gobierno de Mauricio Macri). Para impulsarlos, el BCRA habilitó que los bancos «le puedan prestar a no exportadores en créditos que no son para que circulen dólares -se liquidan en el mercado oficial- sino para que más actores puedan hacer «carry»«.
El informe avanza sobre un dato clave: «Mirando 2025 en su conjunto, Argentina necesitará otro puente (antes había mencionado al blanqueo y a los créditos en dólares) de alrededor de US$ 9.000 millones para pagar la deuda y no perder reservas brutas dado el crecimiento de las importaciones«.
Esos US$ 9.000 millones serían los que espera el gobierno del nuevo acuerdo con el FMI (se habla de que aspira hasta US$ 12.000 millones) en lo que consistiría la mejor opción frente al repunte de la tasa de riesgo país que, en 769 puntos, es un indicador evidente de que el gobierno no puede salir al mercado internacional a buscar financiamiento.
La Argentina vive un momento muy particular en materia financiera caracterizada porque el Tesoro no puede conseguir dólares del exterior y las empresas privadas grandes, como lo consigna la consultora Quantum, logran emisiones a tasas menores que la de los bonos del tesoro de los Estados Unidos.
El riesgo crediticio de esas empresas (consiguieron entre enero de 2024 y febrero de 2025 más de US$10.400 millones) es menor al de un Tesoro que viene cumpliendo puntualmente con el pago de sus obligaciones pero que entre el contexto político y el cepo cambiario mantiene un manto de desconfianza remanente entre los inversores.