El caso por la venta irregular de terrenos fiscales en El Mollar, dentro de la Reserva de La Angostura, suma nuevas pruebas y testimonios que complican a varios funcionarios y particulares.
El fiscal Miguel Varela continúa reuniendo indicios que apuntan a una compleja red de irregularidades, donde figuran desde el comisionado comunal Jorge Cruz hasta empleados de Regularización Dominial y Hábitat.
Entre los principales involucrados se encuentra Juan Pablo Castro, un hombre de 85 años que en los papeles aparece como el titular del loteo “Gaucho Castro”.
Sin embargo, los investigadores consideran que su participación sería menor, mientras que otros actores, como el comisionado Jorge Cruz, habrían tenido un rol más relevante.
Según testigos, Cruz habría avalado la comercialización de los terrenos, firmando la factibilidad del servicio de agua potable tres años después de que comenzara la venta de parcelas, una evidente irregularidad.
Los empleados Rafael Trujillo y Maximiliano Barreriro, de Regularización Dominial y Hábitat, también están implicados. Trujillo habría participado activamente en la urbanización del loteo y firmado documentos dirigidos a EDET para habilitar el suministro de energía eléctrica, pese a que carece de título profesional. Por otro lado, Barreriro habría sido responsable de tramitar un proyecto en Catastro que nunca se concretó.
La intervención judicial comenzó a fines de octubre, cuando empleados del Estado detectaron ocupaciones ilegales en la zona protegida. La Policía derribó cercos y construcciones, y una jueza dictó una medida de no innovar para proteger el medio ambiente.
Desde entonces, los testimonios han señalado a Cruz y a empleados comunales como responsables de garantizar a los compradores la legalidad de los terrenos. “Nos mostraron planos y documentos que supuestamente avalaban que todo estaba en regla”, declaró Cecilia Vallejos, una de las damnificadas.
Además, los adquirentes difundieron un video en el que Cruz intentaba tranquilizarlos, asegurando que todo se aclararía. Ante la falta de resolución, algunos damnificados comenzaron a aportar información clave, incluyendo documentos que comprometen a otros actores.
La investigación ha revelado la posible falsificación de documentos y el uso indebido de sellos oficiales.
Una constancia firmada supuestamente por el ex titular de Regularización Dominial, Fernando Rogel Chaler, resultó ser falsa. El funcionario negó su rúbrica y afirmó que los sellos no estaban bajo su poder. Además, el expediente relacionado con estas gestiones habría desaparecido.
Por otro lado, Varela busca determinar si Trujillo desempeñaba funciones incompatibles al trabajar simultáneamente en la comuna y en Regularización Dominial, aunque las primeras averiguaciones indican que solo era empleado de esta última dependencia.
El fiscal ha solicitado información al comisionado Cruz sobre los titulares del emprendimiento, con un plazo que vence mañana al mediodía. Si no cumple, su situación judicial podría agravarse. La fiscalía también investiga la participación de otras personas y escribanías en las operaciones irregulares.
La trama de la venta de terrenos fiscales en El Mollar sigue desarrollándose, mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de los hechos. Las nuevas pruebas y testimonios podrían derivar en imputaciones que alcanzarían a más funcionarios y particulares involucrados en un caso que expone profundas irregularidades administrativas.