El expresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, Evo Morales, enfrenta momentos complicados. La Justicia de su país lanzó una orden de captura en su contra en el marco de la causa por supuesto abuso sexual, y el Gobierno de Luis Arce respaldó la medida.
Luego de que la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de Tarija rechazara la apelación de Morales, el juez Nelson Rocabado instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen que detenga al exmandatario y dirigente cocalero.
En este contexto, el ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo afirmó el lunes que ya está lista la «orden de operaciones» para realizar la aprehensión, pero se aguarda el «momento y lugar preciso» para ejecutarla sin generar enfrentamientos y «evitar pérdida de vidas humanas».
La Fiscalía de Tarija que investiga el caso tiene en miras a Morales por supuesto estupro y trata de personas. Al exdirigente del MAS se lo acusa de haber mantenido relaciones sexuales con Cindy Saraí, en 2016 cuando ella era menor de edad, de las cuales habría nacido una hija.
En este escenario, el pasado 17 de enero Morales debía presentarse a declarar, pero como faltó por segunda vez a la cita la Justicia lo declaró en rebeldía y confirmó la orden de detención que había sido dictada en octubre de 2024. Además ordenó el congelamiento de sus cuentas y activos.
Diez días después, el 27 de enero el Tribunal de Tarija rechazó la apelación de la defensa con lo que se agravó la situación judicial de Morales. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, reafirmó que la orden de aprehensión debe ser ejecutada por la policía. Mariarca también determinó que podrá intervenir un fiscal en caso de que se requiera un allanamiento.
Ante las órdenes judiciales, Morales se encuentra atrincherado en el Chapare, departamento de Cochabamba (centro), su bastión político, donde cuenta con el respaldo de cientos de cocaleros que han advertido sobre una posible convulsión social en caso de su detención.
Evo Morales denuncia persecución de la Justicia y del Gobierno boliviano
Tras la emisión de la orden de captura las declaraciones del ministro de Gobierno del presidente Luis Arce, Evo Morales denunció que existe “persecución ilegal y abusiva” y un Plan Negro en su contra.
“El nuevo operativo mediático del gobierno para detenerme —en el marco de su Plan Negro (lawfare)— tiene el objetivo de tapar el ya inocultable escándalo de corrupción sobre los contratos para regalar el litio a empresas extranjeras” expresó en sus redes sociales Morales.
Además vinculó la decisión de la Justicia con la crisis en su país. “El régimen de Arce no busca justicia. Solo quiere tapar su desastrosa administración: la economía hundida y la institucionalidad destruida; su derechización y traición al pueblo; y su sometimiento al imperialismo norteamericano”.
“Esa estrategia consistió en inventarse una acusación por un presunto delito solo para detenerme, destruirme política y moralmente y sacarme de la carrera electoral, manipulando a una fiscal y usando a un juez nombrado por los ilegales autoprorrogados del Consejo de la Magistratura” agregó.
Morales acusa a los tribunales penales y electorales de su país de complicidad con la gestión de su exsocio político para perseguirlo. “El Plan Negro de Arce también incluyó —con la complicidad del TCP y del TSE— el robo de la sigla del MAS y la designación de dirigentes a dedo, sin la votación de los militantes”, afirmó.
“Dos magistrados de facto del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado e Iván Espada —protegidos del arcismo— emitieron ‘sentencias’ inconstitucionales que pretenden inhabilitarme como candidato presidencial”, concluyó Morales en su publicación en X.